lunes, 5 de enero de 2015

Liberalismo partidista: ¿Para qué? (*)


Alberto Edwards —en su Bosquejo histórico de los partidos políticos chilenos, publicado en 1903—,   planteaba que si se quiere que el liberalismo sea uno de los partidos del futuro, es necesario responder algunas preguntas, entre otras la siguiente: ¿qué acontecimientos nacionales lo justifican?

Esta pregunta es interesante, porque siempre los partidos han nacido y se han desarrollado como respuesta a acontecimientos históricos determinados y no a partir de proyectos exclusivamente ideológicos.

Para responder a la pregunta, distingamos dos planos fundamentales: uno de orden sociopolítico y otro de carácter sociocultural. En el primero, constituye un lugar común sostener que la democracia que nos rige no es representativa, principalmente por no dar cuenta de la diversidad social y territorial de nuestro país. La respuesta liberal —me parece— debe ser doble.

Por una parte, los liberales deben (me incluyo) defender la democracia representativa y hacer ver la utopía de una directa, al menos como régimen regular. La democracia directa (por ejemplo, a través del mecanismo plebiscitario), si bien en algunos casos es necesaria, siempre será excepcional y es imposible —políticamente imposible— que se configure como regla general.

Pero, por otra parte, y precisamente tomando en cuenta los tiempos que corren —caracterizados por un fuerte empoderamiento de la ciudadanía y de una pérdida del carácter intermediador de los partidos—, los liberales deben ayudar al fortalecimiento de la sociedad civil. ¿De qué manera? No sólo apoyando la construcción de mayores instancias formales de participación ciudadana (distinguiendo los niveles de vinculación, según los casos), sino también resignificando el rol subsidiario del Estado. La Teletón y Bomberos de Chile constituyen dos ejemplos de que la sociedad civil funciona bien en la solución de problemas públicos cuando el Estado así lo permite. La existencia de una sociedad grande, más que de un Estado grande, es la repuesta que los liberales están llamados a dar. Esto, en todo caso, no implica la supresión total del Estado, sino valorar, de manera preeminente, el papel que las personas voluntariamente asociadas pueden cumplir en el espacio público.

¿Y qué decir del plano sociocultural? Si el liberalismo supone una alta valoración de la liberad del ser humano, resulta claro que defiende también el derecho a la identidad personal, la facultad de las personas a ser quienes quieren ser. Y que esto no sea visto como una amenaza para una (supuesta) unidad de la sociedad, sino como una fuente de riqueza. La sociedad es, de hecho, un crisol multicolor. El liberalismo, por lo tanto, no viene a inventar la rueda, sino sólo a reconocer y darle sentido a una realidad que ya existe. Obviamente, y quizás esta aclaración no debería ser necesaria, los liberales creen en una libertad responsable, lo que supone pensar, asimismo, la libertad de los demás y en responder por los errores que se cometen en el ejercicio de la propia.

Lo anterior se aplica a todos los planos: al económico y al cultural stricto sensu, incluyendo el género, lo étnico, etc. Y es importante subrayar que no existe contradicción entre las libertades económicas y culturales. Las primeras siempre han sido fuente y contexto de las segundas. La emergencia del rock and roll en los Estados Unidos y la posterior “Invasión británica” en la década de los 60, constituyen un ejemplo de ello.

Liberalismo no es sinónimo de egoísmo, aunque este eslogan ha sido recurrente en sectores de la izquierda. Nunca lo fue en sus orígenes —en las nacientes repúblicas del siglo XIX— y no tiene por qué serlo ahora, precisamente en un momento histórico en que algunos sectores hablan (o insinúan la idea) de refundar la República.

La valoración de la diferencia, de las cualidades y potencialidades de cada cual, es siempre un acto de generosidad, porque supone salir de sí mismo y mirar al otro en toda su complejidad. Implica, parafraseando a Hayek, dejar de lado “la fatal arrogancia” que suele ser frecuente en no pocos sectores políticos, especialmente aquellos que sobrevaloran el papel del Estado como conductor de la vida de las personas. 

Por supuesto, los desafíos del liberalismo partidista del Chile de hoy no se agotan en los temas anteriores, pero constituyen elementos que podrían ayudar a la construcción de su identidad. Identidad que debiera complementar lo liberal y lo social. La verdad, y a la luz de lo arriba dicho, no existe una contradicción esencial entre ambos elementos. Trabajar esta mixtura es un gran desafío para los partidos que se autoperciben como liberales.

(*) Publicada en El Dinamo (5 de enero de 2015)

jueves, 4 de diciembre de 2014

La victoria mata (o cuando se desprecia la libertad económica) (*)

Según el politólogo italiano Giovanni Sartori, el principio “la victoria mata” puede asociarse al natural inconformismo de los seres humanos: una vez que han conseguido una meta, desechan la anterior. En otras palabras, más que mirar los logros precedentes como pisos sobre las cuales se construyen los siguientes, se les abandona con el objeto de —ex nihilo— “avanzar” hacia otros nuevos.

Para el caso de Chile, puede además pensarse en la poca valoración de lo que se tiene y de lo que ha costado conseguirlo. Se tiende, erradamente, a creer que el progreso ha llegado casi por arte de magia y no gracias a un conjunto de ideas naturalmente proclives a él. Es lo que sucede con el Gobierno de la Nueva Mayoría (ex Concertación). Después de haber conducido el país por veinte años y de haber, por ejemplo, reducido ostensiblemente la pobreza (de un 45 a un 15 %, aproximadamente), ha llegado a cuestionar de manera radical el modelo de desarrollo, a partir del cual ello ha sido posible. Las políticas sociales focalizadas han sido, justamente, parte de este modelo, a diferencia de los denominados “derechos sociales”, entendidos como prestaciones estatales de carácter universal.   

El mismo fenómeno, por otra parte, se observa en quienes valoran sobremanera el respeto a las libertades personales (por ejemplo: el consumo de marihuana, la atracción hacia personas del mismo sexo, etc.), pero que rechazan la libertad para realizar actividades económicas, sobre todo tratándose de las grandes empresas.

Estas personas, en efecto, critican la libertad económica cuando la sienten lejana, pero la terminan valorando cuando la ven perdida o perturbada para ellas mismas. En este sentido, no está de más recordar que el mercado no está compuesto por “las grandes empresas que nos explotan o que abusan de la gente” —esto es una caricatura y nada indica que sea la regla general—, sino que son todas las personas, nosotros mismos, intercambiando voluntariamente sobre la base de nuestras propias decisiones. Si una empresa es grande, si obtiene ganancias millonarias, ello responde a las preferencias de miles o millones de personas. De ahí que atacar a las empresas, implica también hacerlo contra las personas de a pie, que prefieren tales o cuales productos para sí mismas.  

Un ejemplo palpable de lo indicado en el párrafo anterior lo hemos visto con ocasión de la polémica ordenanza municipal de Providencia, orientada a restringir notoriamente el horario de funcionamiento de bares y restoranes. Frente a esta situación, no pocas personas de “izquierda” han salido a defender la libertad de empresa, aludiendo no sólo al beneficio de los propios comerciantes, sino también al de sus consumidores y trabajadores.

Otro punto interesante, y que demuestra el carácter falaz de asociar el libre mercado con individualismo como sinónimo de egoísmo, es que uno de los grandes efectos de la libertad económica es que genera insospechados espacios de sociabilidad y una gran diversidad cultural. La existencia en Santiago del Eurocentro, y de muchas otras galerías comerciales, es indisociable de la variedad de tribus urbanas que habitan la capital. Y más aún, ninguna de ellas sería posible sin la existencia de diversos movimientos musicales (rock, pop, punk, dark, etc.), todos los cuales han surgido en el contexto de sociedades abiertas en lo económico. Todas las bandas de rock, o del estilo que sea, han sido iniciativas privadas —en un sentido amplio, empresariales— y han surgido en el contexto de  bares, garajes, etc. Casi nunca desde espacios estatales. De hecho, los fondos públicos destinados a apoyar artistas no apuntan a “crear” talentos, sino más bien a premiarlos o reconocerlos. Los talentos surgen desde abajo y nunca desde arriba. 

En este sentido, no se equivocó el dueño del Bar Liguria, Marcelo Cicali, cuando, al oponerse a la ordenanza municipal referida, señaló: “Sólo veo que los restoranes son puntos de encuentro, emoción, donde prevalece el patrimonio de la comuna”. Y tampoco lo hicieron los artistas que participaron en un video contrario a la medida bajo el lema: “no destruyamos nuestros momentos”.

Para que la victoria no mate, es necesario defender lo que se tiene antes que perderlo o verlo amenazado. Recogiendo el alegato del mismo Cicali, no debemos esperar la llegada de un “Estado policial” para que, recién en ese instante, levantemos la bandera de la libertad económica como un bien necesario para el país: como una fuente de progreso material y, también, como la base de otras libertades, incluyendo las de orden cultural. 

(*) Columna publicada en Chile B (4 de diciembre de 2014)

martes, 2 de diciembre de 2014

Capitalismo y diversidad: ¿Dónde está la contradicción? (*)

Aunque no suelo escribir columnas aludiendo a mis vivencias personales, en esta oportunidad no puedo dejar de hacerlo. Con bastante frecuencia, y a través de diversos medios, personas de izquierda que forman parte del movimiento LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex) me han hecho ver la contradicción que supondría ser, al mismo tiempo, transexual y partidaria del sistema de libre mercado, lo que —sin tapujos— denomino capitalismo.

Siempre respondo que no me parece contradictorio creer en la libertad en todos los ámbitos, lo que se expresa en la existencia de un Estado mínimo, especialmente ajeno a espacios de desarrollo personal (como los de carácter identitario) y de vida privada (como la formación de familias). Más bien —agrego— me parece incoherente defender la ampliación del Estado en los terrenos económico, cultural, educacional, etc., a la par que las libertades personales en materia de género y sexualidad. La razón es que siempre —por activa o por pasiva— la restricción de la libertad económica implica un control directo sobre las personas, sobre sus cuerpos, etc. Lo que Michel Foucault llamó Biopolítica.

Un caso representativo de la incoherencia indicada puede verse en el discurso e iniciativas del senador Guido Girardi, quien, si bien se muestra muy liberal en algunos temas “valóricos” (aborto, matrimonio igualitario, etc.), y a la par que emite un discurso marcadamente antiempresarial, no duda en presentar diversos proyectos destinados a controlar las decisiones de las personas sobre su propio cuerpo, por ejemplo, en materia alimenticia. El senador Girardi cree saber mejor que las personas lo que ellas deben comer. Su discurso es profundamente paternalista: parte de la base que las autoridades deben decidir por las personas, porque éstas serían como niños, incapaces de tomar sus propias decisiones.

En cambio, la valoración del capitalismo supone considerar a las personas como mayores de edad y como suficientemente inteligentes para tomar libremente sus decisiones. No hay contradicción alguna en apoyar el libre mercado y, al mismo tiempo, defender las libertades personales en el plano “valórico”. El mercado es un espacio en que las personas manifiestan sus preferencias sobre bienes que les ayudarán a decidir en ámbitos no directamente económicos. Un ejemplo es el de las llamadas tribus urbanas: gracias a la libertad de comercio, existe una variedad de tiendas que ofrecen vestimentas y diversos productos asociados a los movimientos musicales y culturales de que tales tribus dan cuenta. Lo mismo puede verse en materia étnica, por ejemplo, a través de la existencia de farmacias mapuches.

Por lo mismo, no es casualidad que el movimiento LGBTI —que, en un comienzo, se denominó del orgullo gay— haya nacido en un bar estadounidense, en Stonewall. No nació en ninguna oficina estatal. Surgió, justamente, en oposición a un conjunto de redadas policiales que atacaban a dicho bar por acoger a lesbianas, homosexuales y trans. Los pioneros de este nuevo movimiento social surgieron en oposición a la coacción estatal y no en defensa de ella (el estatismo siempre implica coacción). Lo mismo sucedió en Chile: incluso durante la dictadura, los únicos refugios o espacios de sociabilidad con que contaron las personas de la diversidad sexual fueron bares y discotecas.

Contrariamente a lo que muchos sostienen, el capitalismo como tal es profundamente libertario, lo que se puede comprobar al cruzar los datos de los rankings de libertad económica versus los de inclusión de la diversidad sexual y de género. En promedio, y por lejos, los países con más libertad económica son los que cumplen con más altos estándares en materia de reconocimiento y protección de estas diversidades. En cambio, los países más estatistas en lo económico son los que cuentan con niveles más bajos de cumplimiento y, peor aún, con leyes de persecución, que incluyen la pena de muerte y de prisión, y normas restrictivas a la libertad de asociación y de expresión de las personas y grupos históricamente discriminados.

En el marco de las sociedades abiertas, lo que afecta la diversidad no es el capitalismo, sino el conservadurismo —que cree en la libertad económica, pero no en las libertades personales— y el progresismo (o socialismo “renovado”), que defiende algunas libertades personales, pero ataca las de orden económico, que son fuente y contexto del libre desarrollo de las personas, especialmente en materia identitaria.  

sábado, 29 de noviembre de 2014

Oportunidades perdidas: Bolivia y el mar (*)

Abrazo de Charaña entre Pinochet y Banzer (8 de febrero de 1975)
La demanda boliviana presentada en la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ) sostiene que Chile se ha obligado a negociar una salida soberana al mar para Bolivia, generando lo que se ha llamado un “derecho expectaticio”. A esto agrega que “es evidente que Chile no tiene ninguna verdadera intención para formalizar las negociaciones sobre un acuerdo para cumplir la obligación de manera efectiva y garantizar el acceso pleno y soberano al mar para Bolivia”.

En este sentido, resulta interesante constatar que, a la luz de diversos autores bolivianos, las negociaciones han fracasado no tanto por culpa de una supuesta intransigencia chilena, sino justamente del mismo defecto que ellos le atribuyen a la diplomacia de su país. Un ejemplo, varias veces citado por nuestro Canciller, Heraldo Muñoz, se refiere al libro del ex diplomático boliviano, Walter Montenegro, Oportunidades pérdidas. Bolivia y el mar, que ya en su primer capítulo señala lo siguiente: “Haciendo una comparación con las desventuras que pueden ocurrir en la vida privada, una mujer puede alegar legítima y respetablemente que ha sido engañada, seducida, una vez y, con muy mala suerte, quizá dos veces; pero si el número de engaños llega a ocho será necesario encontrar otro factor o factores que expliquen la malhadada serie, además de la pérfida intención del seductor” (Editorial Los Amigos del Libro, La Paz, 1987, pp. 8 y 9).

Sobre las diversas ocasiones referidas por la demanda boliviana en las que, supuestamente, nuestro país se habría allanado a negociar una salida soberana al mar de Bolivia, Montenegro es claro en reconocer los errores de la diplomacia de su propio país. Por ejemplo, con relación a las notas diplomáticas de 1950 —acontecidas bajo los gobiernos de Gabriel González Videla y Mamerto Urriolagoitía— sostiene que la compensación no territorial, correspondiente al uso de aguas del Titicaca, constituía una condición inicial de Chile, a la que podría haber retrocedido de concretarse una negociación formal. Y agrega: “Como ocurrió antes y ocurriría en el futuro, Bolivia permitió que el conato de negociación muriera prematuramente en sus manos” (p. 65).

Un segundo ejemplo es el del historiador boliviano Ramiro Prudencio Lizón, quien no duda en afirmar que la responsabilidad del fracaso de la negociación Charaña se debió a las elites de su propio país: “El fracaso de la negoción más importante del siglo XX como fue la de Charaña, es imputable evidentemente al gobierno del general Banzer. Pero éste no es el único. También lo son todos los políticos, internacionalistas, miembros de los medios de comunicación escrita y verbal del país, que constantemente criticaron e hicieron una oposición tenaz contra la marcha de la misma” (Historia de la negociación de Charaña, Plural Editores, La Paz, p. 359).

Bolivia ha demandado a Chile ante la CIJ con argumentos históricos que contradicen a varios autores de su propio país. Lo mismo se observa en El libro del mar, que constituye una suerte de resumen divulgativo de esta demanda. Pese a que nuestro país tomó la decisión (que comparto) de cuestionar la competencia de la Corte, debería, al mismo tiempo, refutar dichos argumentos desde una diplomacia más política y no reducida casi exclusivamente al plano jurídico. Para ello, se cuenta con suficiente bibliografía, incluyendo de origen boliviano, a la que mal podría tacharse de prochilena y contraria a los intereses del país altiplánico. 

martes, 11 de noviembre de 2014

¿Por qué el comunismo sigue siendo un ideal? (*)

El 9 de noviembre recién pasado se conmemoró el 25 aniversario de la caída del muro de Berlín, también conocido como “muro de la vergüenza” (Schandmauer). Considerando que desde la izquierda chilena —incluyendo a nuestra Presidenta—, no han existido palabras de solidaridad hacia las víctimas de los llamados “socialismos reales”, cabe preguntarse ¿por qué el comunismo sigue siendo un ideal?
Si bien es cierto que nadie en Chile propugna volver a los peores años del socialismo soviético o de la China maoísta, la ideología comunista goza de gran prestigio en un importante sector de nuestro país. Incluso más: el Partido Comunista se ha sumado a la ex Concertación, hoy Nueva Mayoría. Y no precisamente como un actor secundario, sino como un protagonista activo del actual Gobierno, especialmente en la misión de sacar adelante su programa de reformas estructurales (tributaria, educacional y constitucional, entre otras).
Si atendemos a cifras aproximadas, las víctimas del comunismo durante el siglo XX ascenderían a la cantidad de 100 millones, llevando la delantera la China maoísta (65 millones) y la ex URSS (20 millones). En 1918, el líder de la Cheka (la policía política soviética) señaló: “No hacemos la guerra contra las personas en particular. Exterminamos a la burguesía como clase”. Es, en otras palabras, la consideración de que los burgueses, los cosacos, los kulaks, etc. —así como los judíos y discapacitados, para los nazis— no poseen dignidad, no son seres humanos.
Sería ingenuo pensar que todo esto fue una casualidad o producto de una “mala implementación” de la ideología aquí comentada. Si así fuera, incluso desde el siglo XIX, el comunismo no contendría como un elemento esencial de su programa revolucionario la dictadura del proletariado. “El proletariado, la clase más baja y oprimida de la sociedad actual, no puede levantarse ni alzarse, sin hacer saltar, hecho añicos desde los cimientos hasta el tejado, todo ese edificio que forma la sociedad oficial, con todas sus capas y estratos”, rezaba el Manifiesto Comunista de Marx y Engels de 1848. 

El historiador francés Stéphane Courtois, editor del Libro Negro del Comunismo (1997) —obra no refutada de manera sustantiva— señala que “los mecanismos de segregación y exclusión del ‘totalitarismo de clase’ se asemejan singularmente a los del ‘totalitarismo de raza’. La sociedad nazi futura debía ser construida alrededor de la ‘raza pura’, la sociedad comunista futura alrededor del proletario purificado de toda escoria burguesa”.

Dicho todo lo anterior, ¿por qué los nazis son considerados como parias en Chile y no sucede lo propio con los comunistas que, a diferencia de los primeros, han sido acogidos con regocijo por la izquierda democrática en el Gobierno de la Nueva Mayoría?

Siendo el tema complejo, es posible (al menos) plantear cuatro grandes respuestas. La primera es que nunca existió una suerte de Tribunal de Núremberg en contra de los dirigentes comunistas, por ejemplo, de la ex Unión Soviética. Esto se explica por el hecho de no haber caído —el comunismo— fruto de una derrota bélica. Y, además, por el carácter restringido (nacional) de la memoria colectiva que han construido las víctimas del comunismo, a diferencia de las del nazismo.
Una segunda respuesta dice relación con la propaganda comunista, que persiste hasta el día de hoy. Un ejemplo de esto es la fuerte defensa de la Cuba de los hermanos Castro, negándose de plano las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido en la isla por más de medio siglo. Para Karol Cariola y Camila Vallejo “las reflexiones de Fidel son luz y esperanza para Chile”, sin que jamás hayan reconocido la existencia de miles de fusilados, torturados, presos y exiliados, por sólo nombrar las violaciones más extremas.  
Una tercera es el acallamiento a cualquier crítica, catalogándola de entrada como “fascista”. Luego de la Segunda Guerra Mundial, y por el hecho de la participación de los soviéticos en la derrota de la Alemania nazi, los comunistas adquirieron una suerte de “superioridad moral” frente a las ideologías enemigas (casi todas las demás).
Y, finalmente, una cuarta respuesta —ya no en clave estrictamente histórica, sino derivada del carácter utópico del comunismo— es la promoción de un mundo inexistente. En este sentido, Jean François Revel en su libro La gran mascarada (2000) sostiene que la izquierda nunca asume errores, es decir nunca se equivocaría sino sólo contra sí misma, y que siempre está mediatizada por un proyecto de sociedad que nunca llega. De ahí que los comunistas actuales señalen que su ideología nunca se aplicó en el siglo XX. Lo mismo podrían decir los nazis, o los miembros de cualquier otra ideología fracasada. Pero nadie, aparte de los comunistas, ha salido tan libre de polvo y paja al plantear excusas como la indicada.
Sin embargo, lo más grave no es lo que los comunistas digan o hagan para justificar lo injustificable, sino que, pese a haber sido históricamente una ideología criminal —quizás la mayor de todos los tiempos, considerando únicamente lo acontecido en el siglo XX—, el comunismo siga siendo hoy valorado como una ideal respetable y, en no poca medida, deseable. Sería interesante que algún periodista le pregunte a la Presidenta Bachelet sobre las razones de este extraño, aunque ya no sorprendente, fenómeno.