lunes, 20 de octubre de 2014

Por la razón o la fuerza (*)


El 5 de octubre de 2004, el entonces senador Nelson Ávila presentó un proyecto de ley destinado a modificar el lema del escudo nacional de Chile. A través de un artículo único, propuso cambiar el actual —“Por la razón o la fuerza”— por el de “Por la fuerza de la razón”.

Entre sus fundamentos, señaló que —a través del lema actual— se legitima la guerra cuando las instancias de negociación pacífica se han agotado. También que, en el ámbito de la vida cotidiana, el lema vigente justifica “el comportamiento de un matón que expone sus razones. Si éstas no son convincentes o si no son aceptadas, tiene derecho a imponer sus criterios por la fuerza”. Finalmente, que el uso de la fuerza es propio de los animales, siendo la razón la única fuerza válida en el caso de los seres humanos.

En términos históricos, el lema de nuestro escudo es una traducción castellana de la frase latina aut consiliis aut ense, que significa o por consejos o por espada. Desde una perspectiva liberal, significa que —de ser necesario— los derechos de las personas deben ser protegidos a través de la coerción estatal. Por ejemplo, con relación al derecho de propiedad, es necesaria la existencia de un cuerpo de policía que prevenga y, en su caso, reprima la ocurrencia de robos y hurtos.

En un comienzo, el constitucionalismo liberal implicó una fuerte desconfianza en torno a los ejércitos y policías profesionales. Esta desconfianza se sustentó en la identificación de estos organismos como propiedad de los monarcas absolutos que, precisamente, los  utilizaban para negar o limitar derechos que los liberales entendían como naturales. De hecho, la sección 13 de la Declaración de Derechos de Virginia del 23 de junio de 1776 dispuso “que los ejércitos permanentes en tiempos de paz, deben ser evitados como peligrosos para la libertad”, aunque a continuación estableció “que en todos los casos las fuerzas armadas estarán bajo la estricta subordinación y bajo el mando del poder civil”.

Este contexto ideológico se conecta con un segundo elemento, que se refiere al carácter público de las fuerzas armadas. Ya en el caso de la Francia revolucionaria, el artículo XII de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 estableció que: “Siendo necesaria una fuerza pública para dar protección a los derechos del hombre y del ciudadano, se constituirá esta fuerza en beneficio de todos, y no para el provecho particular de las personas a las que ha sido confiada”. Así se consagraba el monopolio de la fuerza en el Estado, precisamente como una garantía para que no sea usada (arbitrariamente) por algunos sectores de la sociedad en contra de otros.

De los documentos anteriores, es posible colegir que el liberalismo no se opone per se al uso de la fuerza estatal, sino que, siendo un último recurso, debe estar orientada a proteger los derechos personales. Los principios de supremacía civil y de radicación estatal buscan garantizar el adecuado uso de la fuerza, justamente en favor de las personas. Por el contrario, se da la coincidencia que la poca valoración (o, incluso, demonización) de los derechos personales —especialmente, el de propiedad— va de la mano de un recrudecimiento de la violencia social y de una actitud pasiva de parte del Estado en el plano de la seguridad pública.

Antes que eliminar el lema del escudo nacional, sería necesario comprender su significado profundo y, sobre todo, el sentido del poder. No como una entidad al servicio del Estado mismo (y de los políticos que se benefician de él), sino de las personas como sujetos de derechos. Si esto se entendiera bien, no se patrocinarían y aprobarían tantas leyes inútiles y, en algunos casos, directamente atentatorias contra espacios de vida personal y privada. Esto sí que es irracional, ya que supone la utilización de la fuerza para la imposición de visiones particulares al conjunto de la sociedad. 

martes, 30 de septiembre de 2014

¿Chile, país de guerra? (*)


Por mucho que queramos ser pacifistas, no está de más recordar que en este mes de septiembre celebramos una guerra. Sí, la guerra de la Independencia. Gracias a los campos de batalla, pudimos un 12 de febrero de 1818 —primer aniversario de Chacabuco—, proclamar la Independencia de Chile. 

Mario Góngora sostuvo una tesis que sigue dando vueltas: que el Estado chileno habría creado a la Nación a partir de la guerra. “Chile, tierra de guerra”, escribió. Con anterioridad, se habían planteado otras teorías, algo estrafalarias. Por ejemplo, Nicolás Palacios sostuvo en 1904 que la “raza chilena” —eminentemente guerrera— se habría configurado a partir de la mezcla entre el godo español y el araucano.

No son pocos los autores que sostienen que las identidades colectivas se construyen a partir de imaginarios, de dimensiones híbridas entre la realidad y la ficción. Un libro reciente que trata este tema —en el marco de la Guerra contra la Confederación Perú-boliviana— es el de Gabriel Cid. “Los conflictos bélicos repercuten más allá el campo de batalla y de los círculos diplomáticos”. En otras palabras, agrega Cid, las guerras no terminan con los tratados. 

¡Totalmente de acuerdo! Bien lo sabemos, especialmente con relación a nuestros vecinos. Ni siquiera los mismos tratados han sido capaces de zanjar nuestras diferencias. Aunque, mirando el vaso medio lleno, después de la Guerra del Pacífico (1879-1884) no hemos participado en ningún otro conflicto bélico.

Una pregunta que siempre les planteo a mis estudiantes se refiere a si es posible una historia común. ¿Podemos —por ejemplo, en torno a la Guerra del Pacífico, que nos sigue marcando a fuego— escribir una historia conjunta, más o menos consensuada, chilenos, peruanos y bolivianos? 

Mi respuesta es que esto no resulta fácil. Pero lo importante es que si se escribe una historia “propia”, que se conozca también “la ajena”. De esta manera, dejará de serlo y tendrá la posibilidad de pasar a formar parte de la nuestra. Al fin y al cabo, la historia en general no es —no debería serlo— sólo un discurso de identidad (del yo o del nosotros), sino también de alteridad (del tú o de los otros). 

Luego, mi respuesta es que, más que una historia común, hay que tratar de construir una historia dialogante: en que se escuchen todas las voces, que no se reduzca a un diálogo de sordos.  

Por lo demás, con la gran cantidad de migrantes peruanos que viven hoy en Chile, no existe excusa para desconocer la historia propia de nuestros vecinos. Y no sólo como Nación, sino también como personas de carne y hueso; que viven en nuestros barrios y caminan por nuestras calles. 

¿Chile, país de guerra? Puede ser que lo haya sido, especialmente en el siglo XIX. Puede ser que lo siga siendo. Pero también hoy es posible hablar de Chile como un país multicultural. 

Sí, porque —volviendo al inicio de esta columna— si se observa detenidamente uno de los cuadros más famosos sobre la proclamación de nuestra Independencia —de Pedro Subercaseaux—, y si, en fin, se centra la vista en su esquina inferior derecha, podrá percibirse que parte de quienes celebraron por primera vez esta fecha, fue nada menos que un batallón de afrodescendientes, muchos de ellos esclavos de la provincia de Cuyo. Fuerza militar que formó parte del Ejército de los Andes y que, después de cruzar la cordillera, conquistó nuestro Valle Central, precisamente a partir de las batallas de Chacabuco (12 de febrero de 1817) y Maipú (5 de abril de 1818).

¿Chile, país de guerra? Sí, pero no sólo eso. También país de migrantes, de pueblos indígenas, de afrodescendientes. País multicolor, en dos palabras. Y no sólo hoy, sino desde siempre. 

(*) Publicada en Chile B (30 de septiembre de 2014)

sábado, 20 de septiembre de 2014

Visión actualizada de ciudadanía (*)


Acabo de leer el interesante libro del abogado Pedro Mujica, titulado La igualdad política: el significado actual de la participación ciudadana (Santiago, Ril Editores, 2010). Basándose en una vasta literatura, Mujica señala que una visión actual de ciudadanía va más allá de la mera esfera constitucional o estrictamente política, por ejemplo, del derecho a elegir y a ser elegido.

Explica que esta nueva concepción supone considerar que “el ciudadano no es un receptor pasivo de derechos que goza de protección de la ley. Es más bien una identidad política de personas que están comprometidas en muchas comunidades diferentes y que tienen distintas concepciones del bien, pero que reclaman una igualdad en términos de equivalencia política, al elegir y perseguir propósitos para sí mismas” (p. 125).

Este concepto lo desglosa en varios elementos, pero destaquemos los siguientes dos. El primero es la coexistencia de derechos individuales y colectivos. Es decir, existe una ciudadanía que reivindica derechos o intereses particulares, pero que tienen (o han de tener) relevancia para el conjunto de la sociedad. Un ejemplo de este elemento es el caso de los grupos ambientalistas que exigen el derecho a un medioambiente libre de contaminación como un bien público y no meramente particular. El caso Barrancones fue una expresión de este ejemplo. Marcharon en Santiago personas que nunca habían estado en Punta de Choros.

El segundo elemento se refiere a que lo público no es sólo lo estatal. El concepto moderno de ciudadanía supone una superación de la tradicional (y, en parte, aún vigente) visión antagónica entre el Estado y la sociedad civil. Implica, en otras palabras, que los ciudadanos —en cuanto miembros de la sociedad civil, y estando más o menos organizados— penetran en las esferas del poder estatal. Esto lo efectúan de dos maneras: a) influyendo en las decisiones de las autoridades (por ejemplo, organizaciones de diversidad sexual que inciden en el Congreso); y b) realizando tareas que, desde una perspectiva estatista (y no ciudadana), deberían estar reservadas al Estado (por ejemplo, la Teletón).

Transversal a estos elementos es el denominado enfoque de derechos, lo que implica que se concibe al ciudadano como un sujeto o titular de derechos subjetivos y no como un mero receptor de políticas públicas.

Dicho lo anterior, preguntémonos si el movimiento estudiantil, especialmente la CONFECH, se adecúa a este concepto. Desde mi perspectiva, no. El movimiento estudiantil no reivindica derechos individuales, asignándoles una relevancia social, sino supuestos “derechos sociales”, lo que implica, más que el fortalecimiento de sus intereses particulares (y legítimos), la ampliación del Estado y la limitación de los espacios de convergencia de la sociedad civil. La CONFECH no busca mejorar la educación —según tal o cual visión—, sino cambiar “estructuralmente” la sociedad en favor de una mayor estatización y disminución de las libertades personales. No actúa como ente ciudadano, sino político-ideológico de corte socialista.

Por otra parte, y desde la otra vereda ideológica, resulta interesante constatar que esta visión actualizada de ciudadanía no es per se incompatible con el liberalismo, ya que muchos de los derechos que invocan diversas comunidades y organizaciones no suponen, al menos no necesariamente (y no en principio), la creación de políticas y de organismos públicos en su favor. Ante todo, suponen libertad para que las personas que las integran puedan desarrollar por sí mismas sus proyectos de vida. Un ejemplo, justamente contrario a los fines del movimiento estudiantil, está constituido por el movimiento de padres y apoderados en favor del derecho a elegir el proyecto educativo para sus hijos (CONFEPA).

Sin embargo, y la derecha chilena olvida este punto, la ciudadanía que vive en el seno de nuestra sociedad no reclama únicamente el derecho a elegir entre distintas alternativas, sino el derecho a construir por sí mismos la manera en qué quieren vivir. No se elige para descartar otra opción, sino para afirmar una comunidad, una identidad social y cultural. En este sentido, la principal derrota cultural de la derecha es que no mira la sociedad de manera compleja, sino casi exclusivamente en términos utilitarios.

(*) Publicada en Chile B (20 de septiembre de 2014)

domingo, 14 de septiembre de 2014

Chile y su historia. Una visión anglosajona (*)

Un breve paseo por la Plaza de Armas de Santiago, permite constatar que los turistas angloparlantes se sorprenden por cosas que, ante los ojos locales, tienden a pasar desapercibidas. Similar sensación produce la lectura de la obra Historia de Chile 1808-1994 de Simón Collier (británico) y William F. Sater (estadounidense).  

Lo interesante de este libro es que, siendo una historia general de Chile —por lo tanto, preferentemente política—, es, al mismo tiempo, una historia sociocultural. Es decir, desde el poder, Chile construye una identidad que va más allá de la política stricto sensu. ¿Qué aspectos de nuestra identidad subrayan Collier y Sater?

En primer lugar, la duplicidad entre legalismo formal y praxis extra-legal. Al tratar la formación de la República (1810-1833) los autores sostienen que nuestra vida pública no se agota en los textos constitucionales, sino que abarca también una praxis social no reconocida en términos legales. Un ejemplo de esto es el papel de los partidos.  

En segundo término, el carácter progresista de Chile en términos materiales y culturales. Por ejemplo, Montt, asociado al el tronco pelucón, fue un gran artífice de la ampliación educacional, de la colonización en el sur, etc. Y la misma Guerra del Pacífico, más que haber construido una “raza guerrera”, ayudó a configurar una sociedad en expansión. Sociedad que, si bien era impulsada desde el Estado, debía ser construida desde los particulares. La industria salitrera es un ejemplo de esto.  

Finalmente, ya entrando al siglo XX, y pese a los quiebres democráticos de 1924 y 1973, Collier y Sater destacan el carácter institucional de Chile. Pero este siglo trae algunas novedades. La primera es el mayor estatismo versus el rol facilitador del Estado de la centuria anterior. Y la segunda es el avance hacia una política cada vez más ideológica. 

Aunque valoran algunos avances sociales de los gobiernos de la DC y de la UP, concluyen que el afán revolucionario (de querer cambiarlo todo), termina mal. Los años de Pinochet, lejos de superar este quiebre, implican la creación de un Estado policial. Y, después de valorar la transición a la democracia, liderada por Patricio Aylwin (1990-1994), los autores ponen sus esperanzas en que Chile continúe por un camino constructivo e institucional. ¿Se confirmará este deseo con una Nueva Mayoría que, aunque de manera distinta que en el pasado, ha resucitado la voluntad de querer cambiarlo todo, desde el Estado y sin valorar el papel que cumple la sociedad?


martes, 15 de julio de 2014

El Libro del Mar de Bolivia II (*)

Miguel Silva Bustos responde a mi carta anterior, afirmando que el Tratado de 1895 no sólo fue desechado por Bolivia, sino también por Chile. Esto no es efectivo: nuestro Congreso lo aprobó el 31 de diciembre del mismo año.

Lo que no aprobó fue un protocolo adicional explicativo, firmado en la ciudad de Sucre el 9 de diciembre, cuyo artículo 4º establecía que si Chile no llegaba a obtener los puertos de Tacna y Arica, como consecuencia del plebiscito con el Perú, y debiendo entregar un territorio alternativo —la caleta Vitor u otro análogo—, “no se daría por llenada dicha obligación por parte de Chile, sino cuando entregara un puerto y zona que satisfagan ampliamente las necesidades presentes y futuras del comercio e industrias de Bolivia”.

Sin embargo, el 30 de abril de 1896, Chile se allanó a firmar otro protocolo aclaratorio, en el que aceptaba la construcción de un puerto a favor de Bolivia, pero sin la referencia abstracta a las “necesidades presentes y futuras”, lo que obviamente se alejaba de constituir una solución definitiva.

¿Qué sucedió? Que el Congreso boliviano estableció unilateralmente, incluso mediante una ley interna, una cláusula de mejor derecho: que “corresponde al Poder Legislativo [de Bolivia] en el ejercicio de sus funciones constitucionales, pronunciarse sobre si el puerto y zona que ofrezca Chile, en sustitución del puerto y territorio de Arica y Tacna, reúne o no las condiciones celebradas entre las dos repúblicas”.

Finalmente, como señalé en mi carta anterior, la lápida al proceso de negociaciones de 1895 la puso el gobierno boliviano al suscribir, el 12 de diciembre de 1896, un protocolo con Argentina en virtud del cual le reconocía a este país el derecho sobre la Puna de Atacama, situada en la Provincia de Antofagasta. Esto lógicamente contradecía la base inicial sobre la cual era posible construir los acuerdos en favor de la salida soberna al mar de Bolivia. 

(*) Carta al Director en La Tercera, pero no publicada.