sábado, 21 de junio de 2014

Libertades (*)


Después de la victoria frente a Australia, y ad portas del encuentro contra España, Jorge Sampaoli señaló: “Alexis, por sus características y flexibilidad, es un jugador que necesita libertades y en Barcelona no las tiene tanto. Eso lo hacía un jugador menos participativo”.

Al leer esta noticia, pensé inmediatamente en el miedo a las libertades personales que históricamente ha caracterizado tanto a sectores conservadores como colectivistas. Con relación a los primeros, recordé el debate en torno a la igualdad ante la ley que se dio en el Senado en 1823. En dicho debate se enfrentaron, fundamentalmente, las figuras de José Miguel Infante, senador y exponente del bando liberal “exaltado” (que después se convertiría en federalismo), y la de Mariano Egaña, Ministro del Interior de Ramón Freire y representante del bando conservador o pelucón.  

Frente al proyecto de abolición definitiva de la esclavitud, presentado por Infante, Egaña retrucó no solo en defensa del derecho de propiedad —apoyó la indemnización a los dueños de los esclavos—, sino que además sostuvo un argumento en apariencia solidario: que los esclavos manumitidos no serían capaces de sostenerse por sí mismos y que terminarían viviendo como vagabundos, afectando la moralidad nacional.

En el presente, el conservadurismo chileno no ha cambiado mucho. Sigue sosteniendo una visión moralista y paternalista que propicia una excesiva restricción de las libertades personales a partir de leyes que, no pocas veces, generan organismo públicos que atentan contra los espacios de vida privada y de libre desarrollo de la personalidad.

Asimismo, también en el presente, aunque básicamente en el plano de las libertades económicas, una actitud semejante puede percibirse en sectores colectivistas que afirman que las leyes, especialmente cuando implican la creación de organismos estatales, son capaces de guiar a las personas por el camino que “les convendría”. Camino que, en ningún caso, debe tener su origen en la autonomía personal —ni siquiera en el marco de acuerdos intersubjetivos que se dan en el amplio y rico campo de la sociedad civil—, sino que ha de ser construido y señalizado por funcionarios estatales que, por arte de magia, por el solo hecho de ocupar un cargo público, tienden a erigirse como seres iluminados y mesiánicos.

Un ejemplo reciente de esta actitud cuasi religiosa la hemos visto en el Ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, quien, al igual que Mariano Egaña, desconfía de las libertades personales, y que busca, desde el aparato estatal, controlar la forma en que padres y estudiantes deciden sobre sí mismos.    

Aunque los temas de hoy no son exactamente los mismos que los de ayer, conservadores y colectivistas siguen compartiendo un mismo sustrato: desconfían de las libertades personales y se erigen como conductores de vidas ajenas.

Definitivamente, el Chile de hoy necesita más líderes como Infante y Sampaoli, y menos como Egaña e Eyzaguirre. Líderes que apuesten por las libertades. Por la capacidad de las personas para construir sus vidas, aunque puedan equivocarse. La historia ha demostrado, muchas veces de manera cruda, que los funcionarios públicos nunca han sido capaces de conocer y comprender la realidad peculiar de cada ser humano. Por lo mismo, las decisiones centralizadas siempre terminan homogeneizando a las personas en vez de valorar la riqueza que emana de sus diferencias.

(*) Publicada en Chile B (21 de junio de 2014)

martes, 27 de mayo de 2014

Bolivia en La Haya. Las notas de 1950

La demanda boliviana presentada en la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ) sostiene que Chile se ha obligado a negociar una salida soberana al mar para Bolivia, generando lo que se ha llamado un “derecho expectaticio”. A esto agrega que “es evidente que Chile no tiene ninguna verdadera intención para formalizar las negociaciones sobre un acuerdo para cumplir la obligación de manera efectiva y garantizar el acceso pleno y soberano al mar para Bolivia”.

En otras palabras, el Estado altiplánico basa su aspiración marítima en diversas negociaciones que habrían fracasado por culpa de la supuesta intransigencia del nuestro. Además del caso de Charaña, al que nos referimos en una columna anterior, otra negociación emblemática sobre la que Bolivia sustenta su demanda es la de 1950. Dejando en manos de los juristas la respuesta a la postura de que la mera negociación de un asunto genera derechos y obligaciones para las partes, la gran pregunta que, desde la historia, cabe hacerse es: ¿Fracasó la negociación de 1950 por culpa de Chile? ¿Es verdad que Chile no tuvo “ninguna verdadera intención” para formalizarla de manera efectiva?

Ante todo, es importante aclarar que más que una negociación formal lo que hubo fue un intercambio de notas diplomáticas entre los ministros de Relaciones Exteriores de Chile y Bolivia —Horacio Walker Larraín y Alberto Ostria Gutiérrez, respectivamente— a través de las cuales manifestaron su intención de entrar en negociaciones directas sobre la posible salida soberana al mar de Bolivia a cambio de determinadas compensaciones no territoriales en favor de Chile.

Por otra parte, resulta interesante constatar que la nota diplomática boliviana se basa en algunas intenciones anteriores de Chile de negociar el tema, por ejemplo, en los años 1895, 1920 y 1923. Es decir, el argumento central de la nota de Ostria Gutiérrez es muy similar al planteado en la demanda actual presentada en la CIJ. La gran diferencia es que ello es referido como un elemento de hecho, pero no como fuente de un supuesto “derecho expectaticio”.

Este intercambio diplomático se intentó mantener en secreto —práctica diplomática aún habitual en ese tiempo—, pero fue develado por un reportaje de la revista Ercilla, publicado el 11 de julio de 1950, que dio cuenta de los términos de la supuesta negociación: un corredor para Bolivia situado a 32 kilómetros al norte de Arica a cambio de “agua de los lagos del Altiplano para riego y energía de pampas nortinas”. Al día siguiente, nuestra Cancillería aclaró que el reportaje de Ercilla “supone y detalla bases de un acuerdo, las que no han sido formuladas y, en consecuencia, no han podido ser discutidas”.

¿Qué sucedió? Que las opiniones públicas de ambos países, especialmente las de sesgo nacionalista, rechazaron la eventualidad de una negociación formal. Desde Chile, se criticó la concesión del corredor al norte de Arica. Y desde Bolivia, la compensación en cuanto al uso de las aguas lacustres, especialmente del Titicaca.

Walter Montenegro, ex diplomático altiplánico, quien publicó en 1987 el libro Oportunidades pérdidas. Bolivia y el mar, sostiene que la compensación no territorial constituía una condición inicial de Chile, a la que podría haber retrocedido de concretarse una negociación formal. Y agrega: “Como ocurrió antes y ocurriría en el futuro, Bolivia permitió que el conato de negociación muriera prematuramente en sus manos” (Editorial Los Amigos del Libro, La Paz, 1987, p. 65).

En suma, la posible negociación a la que podría haber dado lugar el intercambio diplomático entre los cancilleres de Chile y Bolivia del año 1950 no fracasó de manera exclusiva por culpa de Chile, sino de ambas partes. Además de Montenegro, son diversos los autores bolivianos —llamados “practistas”— que más que mirar a Chile, como la causa principal del fracaso de las negociaciones, centran su atención en los defectos de su propia diplomacia y, especialmente, de cierta opinión pública nacionalista que no solo rechaza todo tipo de concesión recíproca en favor de Chile, sino cualquier viso de acuerdo con nuestro país. 

Demanda boliviana en La Haya (*)

Corte Internacional de Justicia de La Haya

La demanda boliviana presentada en la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ) sostiene que Chile se ha obligado a negociar una salida soberana al mar para Bolivia, generando lo que se ha llamado un “derecho expectaticio”. A esto agrega que “es evidente que Chile no tiene ninguna verdadera intención para formalizar las negociaciones sobre un acuerdo para cumplir la obligación de manera efectiva y garantizar el acceso pleno y soberano al mar para Bolivia”.

Bajo este contexto, resulta interesante constatar que, a la luz de diversos autores bolivianos, las negociaciones han fracasado no tanto por culpa de una supuesta intransigencia chilena, sino justamente del mismo defecto que ellos le atribuyen a la diplomacia de su país. Por ejemplo, Walter Montenegro, ex diplomático altiplánico, quien publicó en 1987 el libro Oportunidades pérdidas. Bolivia y el mar, señala: “Haciendo una comparación con las desventuras que pueden ocurrir en la vida privada, una mujer puede alegar legítima y respetablemente que ha sido engañada, seducida, una vez y, con muy mala suerte, quizá dos veces; pero si el número de engaños llega a ocho será necesario encontrar otro factor o factores que expliquen la malhadada serie, además de la pérfida intención del seductor” (Editorial Los Amigos del Libro, La Paz, 1987, pp. 8 y 9).

Es de esperar que la defensa chilena en La Haya no se reduzca a aspectos meramente formales y que, desde una diplomacia más política, refute los planteamientos históricos sostenidos por el gobierno de Bolivia. Para esta tarea, diversos autores bolivianos pueden ser de gran utilidad. La visión de Montenegro es sólo un ejemplo, entre varios otros. 

(*) Carta al Director publicada en La Tercera (27 de mayo de 2014)

martes, 13 de mayo de 2014

Asamblea Constituyente (Q.E.P.D.)


En una columna anterior, publicada a mediados del año pasado, señalé que la idea de una Asamblea Constituyente (en adelante AC) como mecanismo para elaborar una nueva Constitución se parecía a los muertos caminantes de la serie Walking Dead. Se trata de una idea que nunca se sabe si está viva o muerta. O, en todo caso, agoniza sin que nadie la tome realmente en serio. En esa oportunidad, arribé a tal conclusión a partir del excéntrico planteamiento del historiador Gabriel Salazar, quien propuso un procedimiento para realizar una AC “de abajo hacia arriba” y con un carácter netamente social o extra-institucional.

Además de que la Nueva Mayoría —tanto en la letra de su programa como en el discurso de sus dirigentes— la ha descartado, al menos implícitamente, un hecho simbólico que me lleva a reiterar la idea de que la AC agoniza (si es que no está derechamente muerta) lo constituye la aceptación del cargo como Agregada Cultural en Washington de Javiera Parada, ícono en la defensa y promoción del tal mecanismo a través de la campaña “Marca tu voto”.

Pero, yendo al fondo de la cuestión, son dos los principales argumentos que esgrimen los promotores de la AC: el de la legitimidad y el de la representatividad. El primero sostiene que una Constitución necesariamente debe nacer en democracia y no a partir de rupturas institucionales, como golpes de Estado o revoluciones. Sin embargo, la historia —tanto chilena como mundial— desmiente este argumento. Generalmente, las constituciones nacen cuando se quiebra la institucionalidad constituida. Cuando, por algún acto de fuerza, la Constitución anteriormente vigente ha perdido validez. No por obra del derecho que la deroga, sino de los hechos que la hacen inviable. Prácticamente, todas las constituciones francesas desde 1789 a 1875 tuvieron un origen violento. En Chile la Constitución de 1833 nació después de la revolución conservadora, iniciada en 1829;  y la del 25, luego de la revolución militar de 1924. Lo importante es que en todos estos casos, la supuesta ilegitimidad de origen se subsana por el poder constituyente que se crea a posteriori y, en algunos casos, por el sometimiento de la nueva Carta a un mecanismo plebiscitario.

El argumento de la representatividad, que parece el más atractivo ante los ojos de la ciudadanía, sostiene que el Congreso actual no da garantías de suficiente representatividad, en parte por el sistema binominal, y en parte, también, por no expresar su composición la diversidad social y territorial del país, sino, a lo sumo, una cierta pluralidad político-partidista. La primera parte de este argumento se cae, en la práctica, por la presentación (con anterioridad a un proyecto de nueva Constitución) de una reforma al actual sistema electoral.

Y la segunda resulta dudosa: ¿qué garantiza que la AC estará integrada, más que por representantes de los partidos políticos, por dirigentes de organizaciones sociales? ¿Qué asegura que los segundos no terminen siendo controlados por los primeros? Hasta ahora, lo que se ha visto es que los llamados “movimientos sociales” —especialmente, el estudiantil y el laboral— han sido cooptados por el actual gobierno. Los ejemplos sobran. La elección como diputado de Giorgio Jackson con cupo protegido en el distrito de Santiago Centro; la calidad de asesor de Miguel Crispi (ex coordinador nacional de Revolución Democrática) en el Ministerio de Educación; la participación de la Ministra del Trabajo, Javiera Blanco, en la marcha del 1 de mayo, en complicidad con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); y la ya referida designación de Javiera Parada (también de Revolución Democrática) como Agregada Cultural en Washington, constituyen algunos botones de muestra del control del gobierno hacia un importante sector de los movimientos sociales.  

Si la Nueva Mayoría nunca ha apoyado directamente la AC, y los partidarios de este mecanismo han terminado por sumarse al gobierno, no resulta descabellado resumir esta situación de manera necrológica: Asamblea Constituyente (Q.E.P.D).

(*) Columna publicada en Chile B (13 de mayo de 2014)


martes, 6 de mayo de 2014

Ideología de género segunda respuesta a Álvaro Ferrer (*)

El profesor de derecho Álvaro Ferrer del Valle, efectúa una réplica a una respuesta mía anterior. Esto en el marco de la discusión sobre el proyecto de ley de identidad de género (boletín Nº 8924-07).

Valoro que haya aclarado que el concepto de identidad de género no se reduce a la vivencia psicológica, sino que se completa a través de la vivencia corporal y social, siendo esta última la relevante para el cambio de sexo registral. Sin embargo, insiste que lo que determina la vivencia corporal y social es, ante todo, lo que califica de sentimiento interior.   

Nadie afirma lo contrario. Por lo demás, no hay identidad personal (y colectiva) de ningún tipo que no tenga su origen en una vivencia psicológica. Autores que han trabajado el tema de la identidad sostienen que ella siempre comienza en una autopercepción. Por ejemplo, lo que Ernst Tugendhat llama identidad cualitativa (para diferenciarla de la mera identidad individual, sinónimo de mismidad), supone una respuesta a las preguntas que todo ser humano se hace: ¿quién quiero ser?, ¿cómo quiero organizar mi futuro dentro de los límites de mi libertad? Claramente, se trata (ante todo) de respuestas de orden interior.

El punto de fondo es que, a diferencia mía (y de muchas otras personas), el profesor Ferrer es partidario de limitar, a través de la coerción estatal, el libre despliegue de la identidad, primariamente autopercibida, pero luego construida externamente en interacción con otros. Y lo que quiere hacer a partir de una ideología de género particular y excluyente, la que se suele denominar sistema binario.   

Por otra parte, el profesor Ferrer afirma que “no es cierto que hoy el Estado sistemáticamente obligue a las personas a mutilarse para acceder al cambio de nombre y sexo registral: se trata de casos excepcionales que obedecen a decisiones jurisdiccionales concretas, y no a una ley o alguna política formal de Estado”.

Si bien tiene razón al afirmar que no existe una ley o política formal del Estado en tal sentido, sí está suficientemente demostrado que en la gran mayoría de los casos en que las personas trans solicitan el cambio de nombre y de sexo registral, los jueces conceden de manera simultánea ambas peticiones sólo cuando la parte solicitante se ha efectuado una cirugía de reasignación de sexo o, al menos, una esterilización. Asimismo, es suficientemente sabido que, en prácticamente todos los casos (siempre habrá excepciones que confirmen la regla), los solicitantes son obligados a efectuarse un peritaje sexológico en el Servicio Médico Legal (SML), procedimiento invasivo y vejatorio, y que se encuentra fuera de estándares actuales de derechos humanos, por ejemplo, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Son diversos los informes de derechos humanos y estudios sobre identidad de género en Chile que confirman lo anterior. El Informe de derechos humanos de la Universidad Diego Portales del año 2009 hace referencia a sólo tres casos en que se habría concedido el cambio de nombre y sexo registral de manera simultánea sin la exigencia de una reasignación de sexo. Los tres dicen relación con personas que pasaron de femenino a masculino, y en los tres, pese a que no se impuso la realización de una faloplastía, sí se constató pericialmente, lo que sirvió de fundamento al tipo de decisión arriba indicada, que dichas personas se hubiesen efectuado una histerectomía, operación que supone una esterilización.   

La tesis de Magíster de Adriana Palavecino —realizada en la Universidad de Chile en el año 2010 y titulada “El derecho a la identidad de personas transgéneras”— confirma la misma conclusión: “Existen no más de cuatro causas en Chile que han acogido el cambio de nombre y de sexo sin necesidad de cirugía de reasignación sexual”. Si bien el número anterior puede haber aumentado en los últimos años, nada hace pensar que haya dejado de constituir una clara minoría. Si mi contradictor cuenta con información diferente, le agradecería que la fundara en antecedentes concretos.

(*) Columna publicada en Chile B (05 de mayo de 2014)