martes, 15 de julio de 2014

El Libro del Mar de Bolivia II (*)

Miguel Silva Bustos responde a mi carta anterior, afirmando que el Tratado de 1895 no sólo fue desechado por Bolivia, sino también por Chile. Esto no es efectivo: nuestro Congreso lo aprobó el 31 de diciembre del mismo año.

Lo que no aprobó fue un protocolo adicional explicativo, firmado en la ciudad de Sucre el 9 de diciembre, cuyo artículo 4º establecía que si Chile no llegaba a obtener los puertos de Tacna y Arica, como consecuencia del plebiscito con el Perú, y debiendo entregar un territorio alternativo —la caleta Vitor u otro análogo—, “no se daría por llenada dicha obligación por parte de Chile, sino cuando entregara un puerto y zona que satisfagan ampliamente las necesidades presentes y futuras del comercio e industrias de Bolivia”.

Sin embargo, el 30 de abril de 1896, Chile se allanó a firmar otro protocolo aclaratorio, en el que aceptaba la construcción de un puerto a favor de Bolivia, pero sin la referencia abstracta a las “necesidades presentes y futuras”, lo que obviamente se alejaba de constituir una solución definitiva.

¿Qué sucedió? Que el Congreso boliviano estableció unilateralmente, incluso mediante una ley interna, una cláusula de mejor derecho: que “corresponde al Poder Legislativo [de Bolivia] en el ejercicio de sus funciones constitucionales, pronunciarse sobre si el puerto y zona que ofrezca Chile, en sustitución del puerto y territorio de Arica y Tacna, reúne o no las condiciones celebradas entre las dos repúblicas”.

Finalmente, como señalé en mi carta anterior, la lápida al proceso de negociaciones de 1895 la puso el gobierno boliviano al suscribir, el 12 de diciembre de 1896, un protocolo con Argentina en virtud del cual le reconocía a este país el derecho sobre la Puna de Atacama, situada en la Provincia de Antofagasta. Esto lógicamente contradecía la base inicial sobre la cual era posible construir los acuerdos en favor de la salida soberna al mar de Bolivia. 

(*) Carta al Director en La Tercera, pero no publicada. 

jueves, 3 de julio de 2014

El libro del mar de Bolivia (*)

El domingo pasado vuestro medio dio a conocer algunos argumentos históricos señalados por Bolivia en el denominado “Libro del Mar”. La respuesta chilena referida en el reportaje es básicamente jurídica. Por ejemplo, frente al Tratado de 1895, se señala que no fue ratificado por Bolivia, siendo sustituido por el de 1904. Si bien esto es correcto en términos formales, es importante establecer por qué no se produjo dicha ratificación.

Para ello, es necesario recordar que el contenido esencial del Tratado de 1895 se refería a la transferencia a Bolivia de los territorios de Tacna y Arica (o de un territorio alternativo), en caso de pasar a pertenecer a Chile después del plebiscito contemplado en el Tratado de Ancón, celebrado entre Chile y Perú en 1883.

¿Qué sucedió? Que los parlamentarios bolivianos aumentaron sus exigencias de manera exorbitante. Primero, pidieron la construcción de un puerto por parte de Chile. Luego, exigieron la construcción de edificios fiscales de determinadas características. Pero la guinda de la torta, fue el hecho que el país altiplánico suscribiera un protocolo con Argentina en virtud del cual le reconocía a este país el derecho sobre la Puna de Atacama, situada en la Provincia de Antofagasta.

El Tratado de 1895 no fracasó por culpa de Chile, sino por efecto de una estrategia maximalista de parte de Bolivia, la que terminó pagando con el de 1904. Esta estrategia, con los matices de cada caso, se ha mantenido hasta la fecha. Así lo han reconocido diversos autores altiplánicos. Por ejemplo, Marcelo Ostria señala que cualquier viso de acuerdo con Chile, incluso de forma, suele traer consigo el rechazo absoluto de importantes sectores de opinión pública de su país. Sectores extremos que siempre terminan guiando la política exterior de Bolivia frente a Chile. 

(*) Publicada como Carta al Director en La Tercera (03-07-14)

sábado, 21 de junio de 2014

Libertades (*)


Después de la victoria frente a Australia, y ad portas del encuentro contra España, Jorge Sampaoli señaló: “Alexis, por sus características y flexibilidad, es un jugador que necesita libertades y en Barcelona no las tiene tanto. Eso lo hacía un jugador menos participativo”.

Al leer esta noticia, pensé inmediatamente en el miedo a las libertades personales que históricamente ha caracterizado tanto a sectores conservadores como colectivistas. Con relación a los primeros, recordé el debate en torno a la igualdad ante la ley que se dio en el Senado en 1823. En dicho debate se enfrentaron, fundamentalmente, las figuras de José Miguel Infante, senador y exponente del bando liberal “exaltado” (que después se convertiría en federalismo), y la de Mariano Egaña, Ministro del Interior de Ramón Freire y representante del bando conservador o pelucón.  

Frente al proyecto de abolición definitiva de la esclavitud, presentado por Infante, Egaña retrucó no solo en defensa del derecho de propiedad —apoyó la indemnización a los dueños de los esclavos—, sino que además sostuvo un argumento en apariencia solidario: que los esclavos manumitidos no serían capaces de sostenerse por sí mismos y que terminarían viviendo como vagabundos, afectando la moralidad nacional.

En el presente, el conservadurismo chileno no ha cambiado mucho. Sigue sosteniendo una visión moralista y paternalista que propicia una excesiva restricción de las libertades personales a partir de leyes que, no pocas veces, generan organismo públicos que atentan contra los espacios de vida privada y de libre desarrollo de la personalidad.

Asimismo, también en el presente, aunque básicamente en el plano de las libertades económicas, una actitud semejante puede percibirse en sectores colectivistas que afirman que las leyes, especialmente cuando implican la creación de organismos estatales, son capaces de guiar a las personas por el camino que “les convendría”. Camino que, en ningún caso, debe tener su origen en la autonomía personal —ni siquiera en el marco de acuerdos intersubjetivos que se dan en el amplio y rico campo de la sociedad civil—, sino que ha de ser construido y señalizado por funcionarios estatales que, por arte de magia, por el solo hecho de ocupar un cargo público, tienden a erigirse como seres iluminados y mesiánicos.

Un ejemplo reciente de esta actitud cuasi religiosa la hemos visto en el Ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, quien, al igual que Mariano Egaña, desconfía de las libertades personales, y que busca, desde el aparato estatal, controlar la forma en que padres y estudiantes deciden sobre sí mismos.    

Aunque los temas de hoy no son exactamente los mismos que los de ayer, conservadores y colectivistas siguen compartiendo un mismo sustrato: desconfían de las libertades personales y se erigen como conductores de vidas ajenas.

Definitivamente, el Chile de hoy necesita más líderes como Infante y Sampaoli, y menos como Egaña e Eyzaguirre. Líderes que apuesten por las libertades. Por la capacidad de las personas para construir sus vidas, aunque puedan equivocarse. La historia ha demostrado, muchas veces de manera cruda, que los funcionarios públicos nunca han sido capaces de conocer y comprender la realidad peculiar de cada ser humano. Por lo mismo, las decisiones centralizadas siempre terminan homogeneizando a las personas en vez de valorar la riqueza que emana de sus diferencias.

(*) Publicada en Chile B (21 de junio de 2014)

martes, 10 de junio de 2014

Homosexuales en FF.AA. II (*)

En carta publicada ayer, Miguel A. Vergara Villalobos insiste en que la presencia de homosexuales en las FF.AA. la afectaría en términos bélicos. Su postura se sustenta en el hecho de que el personal militar ocupa espacios reducidos. ¿Qué insinúa? ¿Qué el personal heterosexual será acosado por el homosexual? A La luz del estudio de la UCLA, que referí en mi carta anterior, dicha situación no se ha producido. En todo caso, para evitar cualquier tipo de acoso basta que se establezcan normas claras de convivencia, incluyendo las debidas sanciones.

Grave me parece su afirmación de que la inclusión de homosexuales apunte a “satisfacer el interés mediático de un reducido grupo”. Lo que traería consigo, considerando exclusivamente el ordenamiento jurídico nacional, es la aplicación del principio constitucional de la igualdad ante la ley, de la ley antidiscriminación e, incluso, para el caso del servicio militar, de las normas de reclutamiento que no contemplan exclusiones expresas para los postulantes homosexuales.  

La referencia al General Norman Schwarzkopf es de 1991, dos años antes de la puesta en vigencia en los Estados Unidos de la política “no preguntes, no digas” (don’t ask, don’t tell) que fue derogada por la apertura iniciada por el Presidente Barak Obama en 2011. O sea, las palabras de Schwarzkopf —que mi contradictor defiende— constituyen un paradigma dos veces superado en los Estados Unidos. Lo que Vergara califica como “experimentos sociales” ya se ha aplicado en diversos países. Por lo mismo, debería sustentar su conclusión sobre la base de evidencia empírica, con mayor razón si consideramos que tales países, a diferencia de Chile, son altamente militarizados, dado que participan de manera permanente en conflictos reales, a mayor o menos escala. Además de los Estados Unidos, pueden citarse los casos de Israel y del Reino Unido.

Me parece poco serio basar una conclusión tan categórica en un mero prejuicio sobre las personas homosexuales, en una relativización del principio de igualdad ante la ley, y en una concepción subjetiva y tradicionalista sobre el denominado “ethos militar” que cambia a lo largo del tiempo, como de hecho ocurrió con la inclusión de mujeres en nuestras FF.AA. 

(*) Carta publicada en La Tercera (10 de junio de 2014)

domingo, 8 de junio de 2014

Homosexuales en FF.AA (*)

En una carta publicada ayer, Miguel A. Vergara Villalobos sostiene que la integración de homosexuales en las FF.AA. “afectará a la cohesión y al espíritu de la estructura la presencia de personas con declaradas tendencias y conductas que rompen con los valores y principios del ethos militar chileno”.

Con respecto a la cohesión militar, la experiencia más conocida en materia de apertura hacia personas  homosexuales en las FF.AA. es la iniciada, en septiembre de 2011, por el Presidente de los Estados Unidos, Barak Obama. Esta política se sustenta más que en la integración —lo que supone espacios separados— en la plena inclusión del personal homosexual a las filas castrenses.
Una de las evaluaciones más completas sobre los resultados de dicha política es la realizada por el Palm Center de la Universidad de California (UCLA), “One Year Out: An Assessment of DADT Repeal’s Impact on MilitaryReadiness” de fecha 20 de septiembre de 2012.
Los resultados de este estudio demuestran que no se ha visto afectada la cohesión de los soldados, la que incluso se ha fortalecido. Además, demuestran que la oposición a la plena inclusión de homosexuales ha sido minoritaria y que se ha dado básicamente en los primeros meses, precisamente de parte de aquellos soldados que tenían prejuicios infundados en contra de la comunidad homosexual.
Finalmente, el llamado “ethos militar” —sinónimo de identidad o mentalidad militar— no constituye un ente estático, sino dinámico. Toda identidad colectiva, especialmente cuando se trata de instituciones estatales, debe adaptarse al tiempo en que se inserta. Si bien se explica que en los cuerpos militares sea necesaria la existencia de un determinado aislamiento, este no puede ir más allá de los límites la política de defensa. De lo contrario, se corre el riesgo de construir instituciones tipo secta, lo que en el caso de las FF.AA. podría resultar especialmente peligroso para la estabilidad democrática. 
(*) Publicada, bajo el formato de Cartas al Director, en La Tercera (08 de junio de 2014)