sábado, 20 de septiembre de 2014

Visión actualizada de ciudadanía (*)


Acabo de leer el interesante libro del abogado Pedro Mujica, titulado La igualdad política: el significado actual de la participación ciudadana (Santiago, Ril Editores, 2010). Basándose en una vasta literatura, Mujica señala que una visión actual de ciudadanía va más allá de la mera esfera constitucional o estrictamente política, por ejemplo, del derecho a elegir y a ser elegido.

Explica que esta nueva concepción supone considerar que “el ciudadano no es un receptor pasivo de derechos que goza de protección de la ley. Es más bien una identidad política de personas que están comprometidas en muchas comunidades diferentes y que tienen distintas concepciones del bien, pero que reclaman una igualdad en términos de equivalencia política, al elegir y perseguir propósitos para sí mismas” (p. 125).

Este concepto lo desglosa en varios elementos, pero destaquemos los siguientes dos. El primero es la coexistencia de derechos individuales y colectivos. Es decir, existe una ciudadanía que reivindica derechos o intereses particulares, pero que tienen (o han de tener) relevancia para el conjunto de la sociedad. Un ejemplo de este elemento es el caso de los grupos ambientalistas que exigen el derecho a un medioambiente libre de contaminación como un bien público y no meramente particular. El caso Barrancones fue una expresión de este ejemplo. Marcharon en Santiago personas que nunca habían estado en Punta de Choros.

El segundo elemento se refiere a que lo público no es sólo lo estatal. El concepto moderno de ciudadanía supone una superación de la tradicional (y, en parte, aún vigente) visión antagónica entre el Estado y la sociedad civil. Implica, en otras palabras, que los ciudadanos —en cuanto miembros de la sociedad civil, y estando más o menos organizados— penetran en las esferas del poder estatal. Esto lo efectúan de dos maneras: a) influyendo en las decisiones de las autoridades (por ejemplo, organizaciones de diversidad sexual que inciden en el Congreso); y b) realizando tareas que, desde una perspectiva estatista (y no ciudadana), deberían estar reservadas al Estado (por ejemplo, la Teletón).

Transversal a estos elementos es el denominado enfoque de derechos, lo que implica que se concibe al ciudadano como un sujeto o titular de derechos subjetivos y no como un mero receptor de políticas públicas.

Dicho lo anterior, preguntémonos si el movimiento estudiantil, especialmente la CONFECH, se adecúa a este concepto. Desde mi perspectiva, no. El movimiento estudiantil no reivindica derechos individuales, asignándoles una relevancia social, sino supuestos “derechos sociales”, lo que implica, más que el fortalecimiento de sus intereses particulares (y legítimos), la ampliación del Estado y la limitación de los espacios de convergencia de la sociedad civil. La CONFECH no busca mejorar la educación —según tal o cual visión—, sino cambiar “estructuralmente” la sociedad en favor de una mayor estatización y disminución de las libertades personales. No actúa como ente ciudadano, sino político-ideológico de corte socialista.

Por otra parte, y desde la otra vereda ideológica, resulta interesante constatar que esta visión actualizada de ciudadanía no es per se incompatible con el liberalismo, ya que muchos de los derechos que invocan diversas comunidades y organizaciones no suponen, al menos no necesariamente (y no en principio), la creación de políticas y de organismos públicos en su favor. Ante todo, suponen libertad para que las personas que las integran puedan desarrollar por sí mismas sus proyectos de vida. Un ejemplo, justamente contrario a los fines del movimiento estudiantil, está constituido por el movimiento de padres y apoderados en favor del derecho a elegir el proyecto educativo para sus hijos (CONFEPA).

Sin embargo, y la derecha chilena olvida este punto, la ciudadanía que vive en el seno de nuestra sociedad no reclama únicamente el derecho a elegir entre distintas alternativas, sino el derecho a construir por sí mismos la manera en qué quieren vivir. No se elige para descartar otra opción, sino para afirmar una comunidad, una identidad social y cultural. En este sentido, la principal derrota cultural de la derecha es que no mira la sociedad de manera compleja, sino casi exclusivamente en términos utilitarios.

(*) Publicada en Chile B (20 de septiembre de 2014)

domingo, 14 de septiembre de 2014

Chile y su historia. Una visión anglosajona (*)

Un breve paseo por la Plaza de Armas de Santiago, permite constatar que los turistas angloparlantes se sorprenden por cosas que, ante los ojos locales, tienden a pasar desapercibidas. Similar sensación produce la lectura de la obra Historia de Chile 1808-1994 de Simón Collier (británico) y William F. Sater (estadounidense).  

Lo interesante de este libro es que, siendo una historia general de Chile —por lo tanto, preferentemente política—, es, al mismo tiempo, una historia sociocultural. Es decir, desde el poder, Chile construye una identidad que va más allá de la política stricto sensu. ¿Qué aspectos de nuestra identidad subrayan Collier y Sater?

En primer lugar, la duplicidad entre legalismo formal y praxis extra-legal. Al tratar la formación de la República (1810-1833) los autores sostienen que nuestra vida pública no se agota en los textos constitucionales, sino que abarca también una praxis social no reconocida en términos legales. Un ejemplo de esto es el papel de los partidos.  

En segundo término, el carácter progresista de Chile en términos materiales y culturales. Por ejemplo, Montt, asociado al el tronco pelucón, fue un gran artífice de la ampliación educacional, de la colonización en el sur, etc. Y la misma Guerra del Pacífico, más que haber construido una “raza guerrera”, ayudó a configurar una sociedad en expansión. Sociedad que, si bien era impulsada desde el Estado, debía ser construida desde los particulares. La industria salitrera es un ejemplo de esto.  

Finalmente, ya entrando al siglo XX, y pese a los quiebres democráticos de 1924 y 1973, Collier y Sater destacan el carácter institucional de Chile. Pero este siglo trae algunas novedades. La primera es el mayor estatismo versus el rol facilitador del Estado de la centuria anterior. Y la segunda es el avance hacia una política cada vez más ideológica. 

Aunque valoran algunos avances sociales de los gobiernos de la DC y de la UP, concluyen que el afán revolucionario (de querer cambiarlo todo), termina mal. Los años de Pinochet, lejos de superar este quiebre, implican la creación de un Estado policial. Y, después de valorar la transición a la democracia, liderada por Patricio Aylwin (1990-1994), los autores ponen sus esperanzas en que Chile continúe por un camino constructivo e institucional. ¿Se confirmará este deseo con una Nueva Mayoría que, aunque de manera distinta que en el pasado, ha resucitado la voluntad de querer cambiarlo todo, desde el Estado y sin valorar el papel que cumple la sociedad?


martes, 15 de julio de 2014

El Libro del Mar de Bolivia II (*)

Miguel Silva Bustos responde a mi carta anterior, afirmando que el Tratado de 1895 no sólo fue desechado por Bolivia, sino también por Chile. Esto no es efectivo: nuestro Congreso lo aprobó el 31 de diciembre del mismo año.

Lo que no aprobó fue un protocolo adicional explicativo, firmado en la ciudad de Sucre el 9 de diciembre, cuyo artículo 4º establecía que si Chile no llegaba a obtener los puertos de Tacna y Arica, como consecuencia del plebiscito con el Perú, y debiendo entregar un territorio alternativo —la caleta Vitor u otro análogo—, “no se daría por llenada dicha obligación por parte de Chile, sino cuando entregara un puerto y zona que satisfagan ampliamente las necesidades presentes y futuras del comercio e industrias de Bolivia”.

Sin embargo, el 30 de abril de 1896, Chile se allanó a firmar otro protocolo aclaratorio, en el que aceptaba la construcción de un puerto a favor de Bolivia, pero sin la referencia abstracta a las “necesidades presentes y futuras”, lo que obviamente se alejaba de constituir una solución definitiva.

¿Qué sucedió? Que el Congreso boliviano estableció unilateralmente, incluso mediante una ley interna, una cláusula de mejor derecho: que “corresponde al Poder Legislativo [de Bolivia] en el ejercicio de sus funciones constitucionales, pronunciarse sobre si el puerto y zona que ofrezca Chile, en sustitución del puerto y territorio de Arica y Tacna, reúne o no las condiciones celebradas entre las dos repúblicas”.

Finalmente, como señalé en mi carta anterior, la lápida al proceso de negociaciones de 1895 la puso el gobierno boliviano al suscribir, el 12 de diciembre de 1896, un protocolo con Argentina en virtud del cual le reconocía a este país el derecho sobre la Puna de Atacama, situada en la Provincia de Antofagasta. Esto lógicamente contradecía la base inicial sobre la cual era posible construir los acuerdos en favor de la salida soberna al mar de Bolivia. 

(*) Carta al Director en La Tercera, pero no publicada. 

viernes, 11 de julio de 2014

Matrimonio igualitario: ¿por qué no? (*)


¿Existe algún argumento razonable para negar el matrimonio a las parejas del mismo sexo? La respuesta más frecuente es que el matrimonio tiene como fin esencial la procreación. Sin embargo, tanto desde una perspectiva social como jurídica, la procreación ya no constituye un fin esencial del matrimonio.

En términos sociales, hace mucho tiempo que la inmensa mayoría de la población llega al matrimonio habiendo tenido relaciones sexuales previas. La sexualidad misma (no solo el matrimonio) ya no está orientada, al menos exclusivamente, a la reproducción humana. Se trata de un fenómeno que el sociólogo británico Anthony Giddens califica como sexualidad plástica. Además, en Chile alrededor del 66% de los niños nace fuera del matrimonio.  

Al mismo tiempo, la ley de matrimonio civil chilena (Nº 19.947), promulgada en 2004, abandonó el paradigma procreacionista del matrimonio. Aunque este fin se mantiene en el artículo 102 del Código Civil, la ley de matrimonio civil eliminó el impedimento de la impotencia para contraerlo, quedando vigente solo la causal de error acerca de las cualidades esenciales del otro contrayente (artículo 8º, Nº 2).

El segundo argumento más recurrente sostiene que el matrimonio igualitario debilitaría la familia. El problema de este argumento es que parte de una concepción restringida de familia. No solo existen las familias matrimoniales-heterosexuales, sino también las convivenciales, las homorentales y las monoparentales, entre otras formas igualmente validas.  En todo caso, si se estima que el matrimonio es algo valioso, ¿por qué negarlo a las parejas del mismo sexo?

Desde una visión libertaria, se argumenta a favor de la derogación del matrimonio civil, tanto para parejas del mismo como de distinto sexo. Esta visión plantea que el matrimonio debería quedar reducido a la libre contratación de las personas, dejando al Estado fuera de su regulación.  

Me resulta muy atractiva esta última posibilidad. Creo firmemente en la necesidad de sacar al Estado de la mayor cantidad de espacios de vida privada y libre desarrollo personal. Pero mientras el matrimonio civil siga vigente, no existe ninguna razón plausible para negar su acceso a las parejas del mismo sexo.

Finalmente, si alguien sigue sosteniendo la afirmación —de suyo dogmática— de que “el matrimonio es por esencia entre un hombre y una mujer”, podrá, de acuerdo a su visión moral particular, seguir contrayéndolo con personas de distinto sexo. Pero en el marco de una sociedad abierta —que valora el derecho de cada cual a construir su propio proyecto de vida, sin que se dé por sentada la supremacía de una sola visión moral—, resulta insostenible que el Estado se matricule con una sola concepción del matrimonio y la familia.

(*) Publicada en Chile B (11 de julio de 2014)

jueves, 3 de julio de 2014

El libro del mar de Bolivia (*)

El domingo pasado vuestro medio dio a conocer algunos argumentos históricos señalados por Bolivia en el denominado “Libro del Mar”. La respuesta chilena referida en el reportaje es básicamente jurídica. Por ejemplo, frente al Tratado de 1895, se señala que no fue ratificado por Bolivia, siendo sustituido por el de 1904. Si bien esto es correcto en términos formales, es importante establecer por qué no se produjo dicha ratificación.

Para ello, es necesario recordar que el contenido esencial del Tratado de 1895 se refería a la transferencia a Bolivia de los territorios de Tacna y Arica (o de un territorio alternativo), en caso de pasar a pertenecer a Chile después del plebiscito contemplado en el Tratado de Ancón, celebrado entre Chile y Perú en 1883.

¿Qué sucedió? Que los parlamentarios bolivianos aumentaron sus exigencias de manera exorbitante. Primero, pidieron la construcción de un puerto por parte de Chile. Luego, exigieron la construcción de edificios fiscales de determinadas características. Pero la guinda de la torta, fue el hecho que el país altiplánico suscribiera un protocolo con Argentina en virtud del cual le reconocía a este país el derecho sobre la Puna de Atacama, situada en la Provincia de Antofagasta.

El Tratado de 1895 no fracasó por culpa de Chile, sino por efecto de una estrategia maximalista de parte de Bolivia, la que terminó pagando con el de 1904. Esta estrategia, con los matices de cada caso, se ha mantenido hasta la fecha. Así lo han reconocido diversos autores altiplánicos. Por ejemplo, Marcelo Ostria señala que cualquier viso de acuerdo con Chile, incluso de forma, suele traer consigo el rechazo absoluto de importantes sectores de opinión pública de su país. Sectores extremos que siempre terminan guiando la política exterior de Bolivia frente a Chile. 

(*) Publicada como Carta al Director en La Tercera (03-07-14)