lunes, 13 de abril de 2015

La crisis de la derecha según Hugo Herrera I (*)

Doy inicio a una serie de columnas que apuntan a comentar el reciente libro del profesor Hugo Herrera, La derecha en la crisis del Bicentenario (Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 2014), que ya en el prefacio señala: “La derecha chilena se encuentra en una crisis grave, una crisis intelectual. Ella carece de un discurso que dé orientación al momento presente. Se ha quedado atrapada en el relato que formuló para la Guerra Fría” (p. 11). Lo hago con el objeto de recoger el guante, puesto que el primer mérito de su libro es invitar a la derecha misma (de la que soy parte) a reflexionar sobre la crisis en la que se encuentra sumida.
En esta oportunidad me referiré al “Capítulo I ¿Qué es un cambio de ciclo?”, en el que básicamente intenta demostrar que la sociedad chilena vive actualmente un conjunto de siete alteraciones fundamentales que dan cuenta de un desequilibrio entre pueblo e institucionalidad (p. 30).

Aunque comparto la idea clave de la crisis intelectual de la derecha, y en concreto de la existencia de un cambio de época, creo que las alteraciones descritas por Herrera ameritan ser matizadas. Al hablar de los “debilitamientos de los ejes del pasado reciente” como la posibilidad de “debatir directamente sobre el tipo de política, de economía y de sociedad que se desea conformar, sin tener que preguntarse antes acaso si responde a los criterios de Allende-Pinochet” (p. 33), me surge la inquietud sobre qué tan cierto sea que la superación de esta división haya generado un escenario propicio para la existencia de un mayor y mejor debate sobre el sistema que nos rige. Y, más aún, hasta qué punto pueda sostenerse la premisa de que el momento actual ha superado la vieja división Allende-Pinochet.  

Si bien, en general, pueda sostenerse que la figura de Pinochet está en retirada, no obstante que la derecha conservadora (la UDI) no la haya nunca hasta ahora enterrado, no puede decirse lo mismo de la de Allende. Y aunque sea cierto que nadie lo reivindica con el mismo contenido de comienzos de los setenta —como una suerte de restauración de la vía chilena al socialismo—, sí se le ha utilizado como símbolo del cuestionamiento al modelo político y económico hoy vigente. Por lo mismo, no es casualidad que la Nueva Mayoría haya integrado a sus filas al Partido Comunista y al Movimiento al Socialismo (MAS).  

Pero más allá de lo anterior, no resulta tan claro que el cambio de ciclo que vivimos dé cuenta de una política más pragmática, en el sentido de más abierta al debate sobre el sistema que se quiere construir. De ahí que no sea exagerado plantear que, pese a no estarse viviendo bajo una suerte de nueva Guerra Fría, el tiempo presente se parezca a la década de los 60 del siglo pasado. Del comienzo de lo que Mario Góngora denominó “época de las planificaciones globales”, y que diversos autores han entendido como el origen de la crisis que llevaría al quiebre de la democracia chilena. Por ejemplo, es la tesis de Arturo Valenzuela, que sostiene que este quiebre se explica por el paso de una política pragmática y dialogante a una ideológica e intransigente.

Otra alteración descrita por Herrera se refiere a que el modelo económico instaurado en dictadura ha propiciado, según él, una excesiva concentración del poder de los empresarios, que los ha llevado a abusar en contra de los consumidores. Y plantea una suerte de alegato contra el hecho que este mismo modelo haya generado una serie de cadenas comerciales, “a tal punto que casi todo ¡hasta el pan¡ lo compramos en ellas” (p. 37). Luego agrega que esto ha llevado a una disminución notoria de la “vida vecinal”, que ha dejado atrás “la experiencia del almacén de barrio, usualmente atendido por sus dueños o sus dependientes estables” (p. 38).

Cabe preguntarse sobre la situación anterior al modelo (¿era mejor que la actual?), además  de recordar que, aunque fue creado durante la dictadura, la ex Concertación lo mantuvo con algunas correcciones. Y no obstante que sea necesario rechazar la ocurrencia de tales abusos, no parece tratarse de un fenómeno generalizado y que derive, como efecto directo —incluso en la versión que Herrera califica como oligopólica—, del sistema de mercado libre hoy existente. De hecho, los casos más sonados (que él mismo menciona, como los de las avícolas, farmacias, etc.) dan cuenta de la existencia de un orden jurídico que ya regula y sanciona la comisión de abusos. Sin embargo, lo que Herrera plantea es que el sistema económico en sí mismo es oligopólico y abusivo. Me parece que se trata de un planteamiento simplista y temerario.

Una tercera alteración que deseo comentar afirma que “la elite habría devenido en oligarquía” (p. 40). Sin embargo, no parece ser este fenómeno exclusivo del momento actual, sino más bien una característica consustancial, aunque en diversos niveles, de la política chilena a lo largo de toda su historia. El presidencialismo instaurado en la Constitución de 1925, si bien implicó una mejor separación de los poderes —y ya no una marcada subordinación del Ejecutivo al Congreso— mantuvo, sin embargo, a los partidos como entes fundamentales. Desde la segunda administración de Arturo Alessandri (1932-1938), los ministros pasaron a depender de las sedes partidarias. Y aunque sea cierto que últimamente, en los años de la transición, el fenómeno de la oligarquía se haya visto simbolizado en el sistema binominal, parece poco riguroso omitir que también se daba bajo el proporcional. En este sentido, el profesor Jaime Etchepare ha demostrado que el antiguo sistema electoral “fortalecía extraordinariamente la influencia de las directivas partidistas, puesto que ellas establecían a su amaño el orden de procedencia de las listas”, agregando que al conformarse “pactos, para afrontar los comicios, la constitución de las listas era objeto de verdaderas negociaciones comerciales, donde se transaban lugares a cambio de apoyos en otras circunscripciones electorales” (Surgimiento y evolución de los partidos políticos en Chile, Concepción, Editorial Universidad Católica de la Santísima Concepción, 2006, p. 71).

A través de una cuarta alteración a considerar, nuestro autor se refiere al consumo de drogas peligrosas, a la fragmentación familiar y a la pérdida de vínculos sociales, antes ya descritos en torno a la existencia de un sistema, para él, esencialmente oligopólico. Poniendo el ejemplo de Daniel Zamudio, y adhiriendo acríticamente a la sesgada y sensacionalista tesis del periodista Rodrigo Fluxá, minimiza la discriminación y violencia en contra de las personas de la diversidad sexual, reduciéndolas a lo que llama “empobrecimiento espiritual” (pp. 43 y 44). Y no obstante que en el marco del tratamiento de esta alteración no lo dice explícitamente, del conjunto del libro es posible inferir que también aboga por una mayor intervención estatal en materia personal o de vida privada.

Sí estoy de acuerdo con el diagnóstico que realiza del movimiento estudiantil, por ejemplo, al negarle la categoría de revolucionario: “Reclaman lo suyo con gestos y actitudes estéticos, pero se niegan a hacer cambios radicales y a correr los riesgos que ellos traen aparejados (p. 47). Sin embargo, se echa de menos (también en los capítulos siguientes) una mayor conexión entre este movimiento y el discurso de la Nueva Mayoría, más intransigente que el de la ex Concertación, y sustentado en un conjunto reformas orientadas, en palabras de sus propios dirigentes, “a cambiar los cimientos” del sistema que —para bien o para mal, según los casos y opciones ideológicas— ha sido parte esencial del Chile post dictadura. 

En suma, si bien comparto la tesis central de que existe un cambio de ciclo en el Chile de hoy —el retorno de la derecha al poder en 2010 y el advenimiento de la Nueva Mayoría bajo el contexto de las movilizaciones estudiantiles de 2011, son señales claras de ello—, creo que las alteraciones descritas por Herrera admiten ser matizadas de manera sustantiva.


(*) Publicada en El Dínamo (14 de abril de 2015).          

sábado, 11 de abril de 2015

Reemplazo parlamentario. Una reforma a no olvidar (*)


La crisis política que actualmente enfrenta Chile —para algunos, de legitimidad institucional, incluyendo al Congreso y a los partidos— no debe hacernos olvidar la necesidad de reformar el sistema de reemplazo parlamentario. Aunque se trata de una reforma constitucional —por lo que puede ser parte del debate en torno a una nueva Carta Magna—, pienso que el Consejo asesor, dirigido por Eduardo Engel, debería tener en cuenta este tema.

Al comenzar este Gobierno, no le resultó fácil a la Democracia Cristiana (DC) reemplazar a su ex senadora y designada ministra, Ximena Rincón. Pero, más allá de este caso concreto, lo cierto es que en las diversas ocasiones en que los presidentes de la República han acudido a parlamentarios para la conformación de sus gabinetes —cuestión que se ha tornado frecuente en los últimos años— se ha criticado mucho más este hecho que el mecanismo de reemplazo de los nombrados.

El acudir a parlamentarios para llenar cargos ministeriales se ha tornado una costumbre de carácter transversal. Antes del nombramiento, en 2011, como ministros a Andrés Allamand (RN), Evelyn Matthei (UDI) y Pablo Longueira (UDI), por parte de Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, la Presidenta Michelle Bachelet hizo lo propio, en 2008, con el nombramiento de Carolina Tohá (PPD), como Ministra Secretaria General de Gobierno.

Asimismo, la designación a dedo de parlamentarios reemplazantes también se ha convertido en una costumbre. El primer caso fue la designación en 2007 del dirigente socialista Marcelo Schilling en sustitución del fallecido diputado Juan Bustos. Lo mismo ocurrió al año siguiente cuando en el PPD Felipe Harboe sucedió a Carolina Tohá, nombrada, como ya vimos, ministra por Bachelet. Luego, desde el lado de la Alianza, este sistema fue inaugurado, también en 2008, por Lily Pérez (en ese entonces, RN), al sustituir al fallecido diputado Pedro Pablo Álvarez-Salamanca. Asimismo, en 2011 Allamand, Matthei y Longueira fueron reemplazados por Carlos Larraín, Gonzalo Uriarte y Ena von Baer, respectivamente. Hay que reconocer que esta praxis la rompió la DC, con la “elección complementaria” interna que realizó a comienzos de 2014, y de la cual resultó electo el actual senador Manuel Antonio Matta. Pero el problema es que este mecanismo fue voluntario y no constituye un estándar legal para los casos que posteriormente acontezcan.

El punto de fondo en que, frente a las situaciones anteriores, arrecian las críticas por la forma de llenar los cargos ministeriales, pero no por el mecanismo de reemplazo parlamentario. En este sentido, se hace necesario recordar que este mecanismo formó parte de las reformas constitucionales de 2005 —de la denominada Constitución de Lagos—, que en ese entonces fueron apoyadas de manera transversal por la mayoría del Parlamento de ese tiempo.

En efecto, en el Primer Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado (primer trámite constitucional de la reforma de 2005), los proyectos tanto de la Concertación como de la Alianza propusieron que “las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán por el ciudadano que haya señalado el partido político al declarar la candidatura del parlamentario que produjo la vacante”. 

Luego este mismo Informe añade que los autores de la primera de las referidas mociones, los senadores Antonio Horvath, Hernán Larraín y Roberto Muñoz Barra “[…] expresaron que el actual sistema de provisión de vacantes en los cargos parlamentarios permite que ellos sean ocupados por personas que no necesariamente comparten una misma línea ideológica con quien lo desempeñó. Agregaron que el método de elecciones complementarias, que presentaría algunas ventajas como alternativa, es, en definitiva, poco práctico teniendo en cuenta que incrementa el considerable número de elecciones que se realiza en condiciones normales”.

Como se observa, más allá del carácter más o menos democrático (en su origen) del mecanismo de reemplazo parlamentario, lo importante para los autores de esta moción constituyente fue que los sucesores compartan una “misma línea ideológica”, lo cual, en buen chileno, significa que los partidos deben siempre conservar la parcela de poder adquirida electoralmente y perdida por alguna circunstancia sobreviniente.

Podría pensarse que la argumentación anterior fue sólo una idea exótica de los referidos senadores. Sin embargo, ella se mantuvo de manera casi unánime en la discusión en la Cámara de Diputados, en la que se habló de aumentar las instancias de participación ciudadana.

Suena (a lo menos) contradictorio preocuparse de la participación ciudadana y del sistema electoral si, al mismo tiempo, se apoya la designación partidaria de algunos parlamentarios. Más contradictorio, claro está, es que en la misma reforma de 2005 se suprimió la institución de los senadores designados o institucionales. Esta paradoja sigue hoy vigente en nuestro sistema político.
Sin embargo, y aunque el actual mecanismo de reemplazo parlamentario debe reformarse, prefiero lejos un Congreso de partidos antes que asambleas supuestamente ciudadanas. Creo en una sociedad civil fuerte para luchar por sus propias causas, y para incidir a favor de ellas ante las autoridades. Incluso para fiscalizar, mediante mecanismos abiertos y transparentes, a los representantes en funciones. Pero no para ocupar, directa y corporativamente, los espacios de poder, naturalmente reservados a quienes se postulan a través de los partidos.

martes, 31 de marzo de 2015

Chávez lo decidió. Lecciones para Chile (*)

Hugo Chávez (1954-2013). Presidente de Venezuela (1999-2013) 

En un interesante e ilustrativo libro sobre Hugo Chávez, el periodista Marcel Oppliger cuenta que el sábado 31 de enero de 2009, dos días antes de cumplirse una década del comienzo de la Revolución Bolivariana, el entonces Presidente de Venezuela decretó —motu propio— feriado nacional para el lunes siguiente.

Esta decisión la habría tomado en medio de un partido de béisbol, destinado, justamente, a celebrar dicha efemérides. “Tal vez sea el ambiente festivo del juego —afirma Oppliger— lo que impulsa al Presidente a anunciar sorpresivamente que el lunes será feriado”. Luego agrega: “Durante un descanso en el partido, el Vicepresidente de la República lo confirma: pasado mañana no se trabaja en todo el país” (Oppliger, Marcel, La Revolución Fallida. Un viaje a la Venezuela de Hugo Chávez, Instituto Democracia y Mercado, Santiago, 2009, p. 17).

Lo anterior resulta inconcebible para un país como Chile en el que, supuestamente, y al decir del ex Presidente Ricardo Lagos (2000-2006), “las instituciones funcionan”. En efecto, los últimos años hemos sido testigos de proyectos de ley destinados ampliar los feriados en la semana de Fiestas Patrias. Por ejemplo, el 28 de julio de 2010 se aprobó el proyecto que “Establece, por una sola vez, como feriados obligatorios e irrenunciables, los días 19 y 20 de septiembre de 2010, para todos los trabajadores dependientes del comercio” (boletín Nº 7082-13).

A diferencia del caso arriba citado, en el que unilateralmente el Presidente de Venezuela decidió (al parecer) en cuestión de minutos un feriado para dos días después, en Chile los proyectos que establecen feriados se debaten durante un tiempo adecuado, pasando por ambas cámaras legislativas: Cámara de Diputados y Senado.

Todo esto revela que los países serios y democráticos no son gobernados por personas individuales, menos aún por caudillos clientelistas y populistas. Incluso, en Chile siempre el Presidente de la República ha sido entendido como una  institución —impersonal y abstracta, como pensaba Diego Portales (1793-1837)— y que, por lo tanto, no se manda sola, sino que debe ajustar su accionar a un orden jurídico preestablecido, constitucional y legal. Esto es lo que se llama Estado de Derecho.

Volviendo al ejemplo del otrora Comandante Chávez, Oppliger señala que la respuesta de la venezolanos a la decisión de decretar el feriado referido más arriba, así como a muchas otras determinaciones discrecionales de su mandato, era muy simple: “Chávez lo decidió” (Ibíd., p. 20).
Al igual que Chávez, Nicolás Maduro ha gobernado básicamente por decreto (con facultades habilitantes para legislar). Pese a haber llegado al poder por la vía electoral, ello no obsta a que su gobierno pueda ser catalogado de autoritario, incluso de autoritario legal.  No hay democracia stricto sensu cuando se sustenta en resquicios legales (de triste recuerdo para los chilenos) y cuando las minorías —que, en verdad, constituyen la mitad del electorado— no son respetadas en lo más mínimo. No hay democracia cuando los vencedores en las elecciones, le pasan la retroexcavadora a los vencidos. Y, menos aún, cuando no se respetan libertades políticas fundamentales.

Si bien nuestro país está lejos de llegar a los extremos de la actual Venezuela, deberíamos aprender de ellos. Y, de este modo, evitar volver a caer en la democracia de la intolerancia y de la polarización, lo que nos costó un golpe de Estado y una cruda dictadura. Por otra parte, aunque sea cierto que la institución Presidente de la República tiene un carácter impersonal, ello no quiere decir que la conducción del país no dependa de quien, de manera concreta, ejerza el cargo. Precisamente, el presidencialismo reforzado que nos rige (y que siempre nos ha regido) hace necesaria la existencia de un liderazgo fuerte, aunque no por ello autoritario.  

lunes, 30 de marzo de 2015

Teoría de género, ¿estamos hablando de esto? (*)


A través de un documento titulado Teoría de género: ¿De qué estamos hablando? 5 claves para el debate, Catalina Siles y Gustavo Delgado construyen una caricatura sobre el tema. Aunque si realmente lo fuera, no se habrían dado el trabajo de dedicarle más de 10 páginas, y yo misma no haría lo propio con esta columna.  

En la Introducción, señalan que hay tres grandes interpretaciones sobre el significado del término género: a) como un concepto idéntico al sexo. “Así las funciones atribuidas a hombres y mujeres serían consecuencias permanentes y necesarias de la diferencia biológica”; b) como algo completamente desarraigado de la biología y de la naturaleza humana. “Esta segunda posición es la llamada teoría de género”; y c) como “la expresión cultural de lo naturalmente masculino o femenino y que, por lo mismo, puede experimentar variaciones, según el tiempo y lugar”.

De acuerdo a la distinción anterior, la gran tesis de Siles y Delgado es que la teoría de género supone una total desvinculación de la corporalidad humana: “[...] se asume que, a partir de la autoconciencia, los datos corporales pueden volverse irrelevantes”. Sin embargo, a la hora de citar autores canónicos en la materia, no logran demostrar que la mentada teoría sostenga realmente eso. Por ejemplo, si bien es cierto que Judith Butler (en la foto) —a través de su obra El género en disputa de 1990— le asigna gran importancia al carácter performativo del género, con ello no quiere decir que se encuentre completamente desligado del cuerpo.

De hecho, ya en el primer capítulo del referido libro sostiene que el cuerpo “se manifiesta como un medio pasivo sobre el cual se circunscriben los significados culturales o como el instrumento mediante el cual una voluntad apropiadora e interpretativa establece un significado cultural para sí misma”. En otras palabras, Butler sostiene que el género no es la expresión de una esencia natural (del sexo entendido como mera biología), sino la manifestación externa de un discurso cultural sobre los cuerpos.    

Como de manera sencilla explica Marta Lamas, “el nuevo concepto género permitió entender que no es la anatomía lo que posiciona a hombres y mujeres en ámbitos y jerarquías distintos, sino la simbolización que las sociedades hacen de ella”.

Conforme a lo dicho, el concepto de género corresponde a la tercera acepción descrita por Siles y Delgado —aunque omitiendo la expresión “naturalmente”— y no a la segunda, que es una forma esperpéntica de considerar el tema. Lo curioso, además, es que la visión por ellos sostenida a lo largo del texto no es la tercera, como indican al comienzo, sino la primera. En efecto, luego de caricaturizar el significado del término género —citando mal o de manera descontextualizada a algunos autores, como la misma Butler—, se esfuerzan en demostrar que entre hombres y mujeres existen diferencias naturales, directamente derivadas de la biología: “[…] no sólo se necesitan un hombre y una mujer para engendrar un hijo, sino que, además, cada uno de ellos cumple una función específica, distinta y complementaria en la educación de los niños”. Sin embargo, no logran aclarar en qué consiste esta “función”. Y menos aún, de qué manera viene inscrita en la biología, en el ADN o genitalidad humanas. Esto, por lo de demás, no es un problema exclusivo de Siles y Delgado, sino en general de toda la teoría del sexo binario o esencialista.

Por último, y aunque este punto ameritaría otra columna, resulta curiosa la contradicción siguiente: mientras en los primeros párrafos afirman, como ya vimos, que la teoría de género supone un completo desarraigo de la corporalidad humana, más adelante afirman que la misma —al reconocer la validez de la homosexualidad— reduce la sexualidad humana a una dimensión meramente corporal y hedonista, dejando de lado otros aspectos como los afectivos, culturales o sociales. ¿En qué quedamos? ¿Supone o no, la teoría de género, una desvinculación total entre cuerpo y autoconciencia?

Considerando que el documento comentado daría para un análisis más profundo, cabría al menos concluir que la primera clave para debatir en torno a un tema es no caricaturizarlo y, sobre todo, dar cuenta de manera coherente de la interpretación que, sobre el mismo, se pretende defender.  

(*) Publicada en Chile B (30 de marzo de 2015)

domingo, 8 de marzo de 2015

Teoría de género en Chile, ¿un asunto de izquierda? (*)


No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta que la derrota cultural de la derecha consiste, ante todo, en el rechazo a la cultura como tal. Dicho de otra forma, en la falta de comprensión política de la sociedad como un universo múltiple y dinámico. La derecha —hegemónicamente conservadora— ha tendido siempre a defender y justificar el control estatal sobre las libertades en el plano moral. No por nada los conceptos de autoridad, orden, naturaleza, bien común, etc., han sido fundamentales en su discurso.  Pese a que defiende la libertad en el plano económico, la rechaza en el moral.
           
Como parte de su idea de que la libertad no se reduce a una mera elección, sino al resultado de la misma —que debe adecuarse a la “ley natural”—, la derecha conservadora no se arruga a la hora de pedir más Estado para imponer una determina visión de la vida buena. Por lo mismo, percibiendo ella misma la incoherencia arriba indicada, se esfuerza por argumentar en favor de la existencia de supuestos daños contra terceros, por ejemplo, de las parejas homosexuales contra niños y niñas.

Y, a propósito del Día Internacional de la Mujer —celebrado este 8 de marzo—, el sector referido las emprende contra lo que llama ideología de género. Autores y organizaciones de él señalan que la teoría de género (para ellos, “ideología”) constituye un atentado contra la naturaleza, ya que se opondría al sexo como entidad biológica. Por ejemplo, un documento de la Fundación Jaime Guzmán afirma “que el concepto de género que ha acuñado la ideología del mismo nombre ha sido provisto de un significado totalmente antagónico a lo sexual, entendido desde el punto de vista biológico”.

¿Es esto la teoría de género?

Considerando que no existe una sola versión de la misma, es posible afirmar que no necesariamente sostiene que el género se opone radicalmente al sexo como entidad biológica. Más bien lo que dice es que es que determinados sectores, justamente conservadores, construyen desde lo biológico un discurso sobre el género. Esto resulta patente en la frase “funciones propias de la mujer”, que presupone que el hecho de haber nacido con vagina viene asociado a determinados roles (justamente) de género. Roles que no emanan directamente de la biología, sino de un discurso culturalmente construido sobre la misma.

Pero, respondiendo a la pregunta del epígrafe, cabría afirmar que, en la práctica y en el caso de Chile, sí es la teoría de género un asunto de izquierda. Primero, porque la derecha hegemónica es la conservadora. Segundo, porque la liberal, además de periférica, casi no ha trabajado el tema. Y no sólo pensando en las mujeres, sino —desde una mirada más amplia— en los roles atribuidos a ambos sexos, en las diversidades sexuales, etc. 

Lo curioso es que las causas de mujeres y de la población LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex) han echado históricamente mano a principios fundamentales del liberalismo clásico, comenzando por la idea de que los individuos son universos racionales, capaces de construir por sí mismos sus propios proyectos de vida, sin la intervención de terceros, menos aún del Estado.

Este liberalismo critica —parafraseando a Hayek— la fatal arrogancia de tratar de establecer desde el Estado una determinada escala de valores para el conjunto de la sociedad. En este sentido, y aunque han existido no pocos autores liberales que han reflexionado sobre el género, los sectores políticos que en Chile se autodefinen como tales han estado casi totalmente ajenos a él. Se pasa por alto el hecho que sólo en el marco de una sociedad abierta —con coerción estatal acotada— es posible pensar, al mismo tiempo, en una sociedad diversa.

De ahí que, considerando el principio de igualdad ante la ley, los liberales chilenos deberían dar su propia respuesta sobre la cuestión de género. Y aquí más que hablar de igualdad (identitaria), habría que hacerlo de diferencia. Para los liberales, por ejemplo, no debería pensarse en las mujeres como un todo, como una esencia.   

El afán revolucionario del liberalismo —la lucha histórica por superar las sociedades inmutables; basadas, por ejemplo, en privilegios estamentales— podría en Chile resignificarse frente la cuestión de género. Al fin y al cabo, mujeres, gays y transgéneros piden, ante todo, que los dejen vivir tranquilos. Y, no obstante que esto sea una idea profundamente liberal, no resulta sorprendente que los últimos en enterarse sean los propios liberales.

(*) Publicada en El Dínamo (8 de marzo de 2015)