viernes, 7 de noviembre de 2014

La transexualidad: ¿un trastorno mental? (*)


En su oposición al proyecto de ley de identidad de género (boletín 8924-07), algunos activistas y políticos conservadores han insistido que la transexualidad constituye un “trastorno mental”. Sin embargo, se limitan a señalar —como mero argumento de autoridad— que esta identidad sexual se encuentra así catalogada en los manuales psiquiátricos de la Asociación Americana de Psiquiatría (DSM) y de la Organización Mundial de la Salud (CIE).

Aclarando que, para los efectos de esta columna, entiendo por transexualidad la existencia de identidades de género no-normativas —es decir, de personas (denominadas trans) que sienten y expresan una identidad de género distinta del sexo de nacimiento—, cabe señalar que, desde hace varios años y en el marco de diversas disciplinas científicas, incluyendo a las ciencias psi (psicología y psiquiatría), se viene cuestionando la referida catalogación “sanitaria”.

¿En qué consiste este cuestionamiento?

En primer lugar, la consideración de la transexualidad como trastorno se basa en un paradigma no demostrado científicamente: que las identidades trans serían anormalidades por un supuesto desajuste cuerpo-mente. Esta visión incurre en una contradicción, ya que no deja claro si el supuesto “problema” de la transexualidad tiene un origen biológico o mental. Si fuese lo primero, no cabría la catalogación psiquiátrica. Si fuese lo segundo, la imposición (médica y estatal) de cambios corporales no tendría sentido. 

En segundo lugar, resulta discutible que el origen del sufrimiento de las personas trans sea la llamada disforia de género, o sea, la profunda molestia por haber nacido en un “cuerpo equivocado”. En otras palabras, centrar de manera principal el sufrimiento de las personas trans en la supuesta disforia de que padecerían, implica desconocer o minimizar el círculo o cadena de discriminaciones sociales de que ellas son víctimas de manera cotidiana.

Finalmente, desde una perspectiva clínica resulta altamente cuestionable la existencia de un “diagnóstico” de la transexualidad que, al final, se reduce a si la persona se inclina hacia un patrón de estereotipos masculinos o femeninos. Además, lo que cualquier persona trans puede fácilmente constatar en Chile, es muy escasa la existencia de profesionales de salud mental especialistas en transexualidad, quienes no pocas veces asumen el “tratamiento” de estas personas con frivolidad y prejuicio.

Si los activistas y políticos conservadores, que pretenden negar el derecho a la identidad de las personas trans, respondiesen de manera más profunda a estos cuestionamientos, podríamos pensar en la posibilidad de un debate serio. Mientras sigan entrampados en argumentos de autoridad, en frases vacías de contenido, seguiremos en presencia de un diálogo de sordos. De algo muy similar a la falta de comunicación que históricamente se ha dado en los denominados “choques culturales”, caracterizados por la dificultad de los sectores hegemónicos de reconocer a un otro humano que, aunque distinto a la norma social que buscan imponer, es una persona igual en dignidad y derechos.

martes, 4 de noviembre de 2014

Derecha liberal en Chile: ¿tanto molesta la diversidad? (*)

José Victorino Lastarria (1817-1863)

Aunque no hablaré en este lugar sobre el significado del conservantismo, uno de sus elementos claves, sin duda, es el rechazo (o, al menos, la desconfianza) hacia la diversidad social en variados planos, incluyendo el político. En no pocos momentos históricos, los conservadores no han dudado en servirse de la fuerza estatal para limitar la libertad de expresión de sus adversarios. Esto con el objeto de cautelar un supuesto orden social. Para el siglo XIX, el libro de Ana María Stuven, La seducción de un orden (2000), da cuenta con bastante detalle de este discurso.

En el último tiempo, no han sido pocos los dirigentes conservadores, especialmente de generaciones jóvenes que reconocen la existencia de dos grandes derechas (liberal y conservadora). Aun así, argumentan dicotómicamente en favor de una suerte de “derecha verdadera”, fiel a un determinado catálogo de principios, y contra una “derecha falsa”, que constituiría una degeneración de los principios tradicionales del conglomerado, que serían (naturalmente) conservadores antes que liberales.

Aunque no utilizan expresamente los calificativos indicados de “verdadera” y “falsa”, sino que esto se colige de lo sus planteamientos, terminan construyendo hombres de paja en torno a buenos y malos, de la que nuestra historia política ha sido testigo en diversos momentos de crisis, por ejemplo, en los años de la república portaleana y de la dictadura de Pinochet. En ambos casos, se limitaron fuertemente los derechos políticos de la oposición.

Haciendo, por otra parte, la salvedad que la categoría derecha —junto con la de izquierda, como etiquetas ambas del espectro político— es propia del siglo XX (en nuestras tierras, se habría asentado en la década de 1930), las ideas principales de este sector son anteriores, ampliándose al siglo XIX. Así, por ejemplo, la defensa de la libertad de comercio y del papel de los particulares en materia económica puede ya verse desde los tiempos de la Independencia y de la formación de la República (1810-1833).

El planteamiento que sostiene la existencia de una derecha “verdadera” (conservadora) versus una “falsa” (liberal) omite dos elementos, ambos muy vinculados entre sí. Uno de orden histórico, y otro de carácter cultural. El primero, ya mencionado, supone el reconocimiento fáctico en cuanto a que siempre han existido dos vertientes en la derecha chilena. Una —la conservadora— que busca defender, incluso mediante la fuerza estatal, un supuesto orden social, basado en una jerarquía estimada como “natural”. Otra —la liberal— que, aunque a veces ha operado utópicamente, sin graduar las etapas evolutivas hacia los cambios perseguidos— defiende la diversidad social. Dicho sea de paso, el siglo XIX también contó con sus propios temas “valóricos”, especialmente asociados a la cuestión religiosa.

El elemento cultural, directamente vinculado al anterior, es que las identidades sociales (incluyendo a las políticas) no son estáticas, sino dinámicas: se construyen y reconstruyen constantemente. Nada permanece exactamente igual, aunque los cambios siempre se terminan asentando sobre bases ya existentes.

La “nueva derecha”, si bien es algo todavía en construcción, y a la que se le pueden hacer diversas críticas puntuales, es una buena antes que una mala noticia. La existencia, por ejemplo, de una derecha que crea y defienda la libertad humana en todos los planos (no sólo en el económico) y que no busque servirse del poder estatal para interferir en la vida privada de las personas, me parece algo digno de celebrar. Pensar, desde una visión conservadora extrema, en algo parecido al “fin de los tiempos” con el desarrollo (o, más bien, el renacimiento) de una derecha liberal no sólo es poco serio intelectualmente, sino también contrario a la experiencia histórica, tanto de Chile como del mundo occidental en su conjunto.

(*) Columna publicada en Ciudad Liberal (4 de noviembre de 2014).

lunes, 20 de octubre de 2014

Por la razón o la fuerza (*)


El 5 de octubre de 2004, el entonces senador Nelson Ávila presentó un proyecto de ley destinado a modificar el lema del escudo nacional de Chile. A través de un artículo único, propuso cambiar el actual —“Por la razón o la fuerza”— por el de “Por la fuerza de la razón”.

Entre sus fundamentos, señaló que —a través del lema actual— se legitima la guerra cuando las instancias de negociación pacífica se han agotado. También que, en el ámbito de la vida cotidiana, el lema vigente justifica “el comportamiento de un matón que expone sus razones. Si éstas no son convincentes o si no son aceptadas, tiene derecho a imponer sus criterios por la fuerza”. Finalmente, que el uso de la fuerza es propio de los animales, siendo la razón la única fuerza válida en el caso de los seres humanos.

En términos históricos, el lema de nuestro escudo es una traducción castellana de la frase latina aut consiliis aut ense, que significa o por consejos o por espada. Desde una perspectiva liberal, significa que —de ser necesario— los derechos de las personas deben ser protegidos a través de la coerción estatal. Por ejemplo, con relación al derecho de propiedad, es necesaria la existencia de un cuerpo de policía que prevenga y, en su caso, reprima la ocurrencia de robos y hurtos.

En un comienzo, el constitucionalismo liberal implicó una fuerte desconfianza en torno a los ejércitos y policías profesionales. Esta desconfianza se sustentó en la identificación de estos organismos como propiedad de los monarcas absolutos que, precisamente, los  utilizaban para negar o limitar derechos que los liberales entendían como naturales. De hecho, la sección 13 de la Declaración de Derechos de Virginia del 23 de junio de 1776 dispuso “que los ejércitos permanentes en tiempos de paz, deben ser evitados como peligrosos para la libertad”, aunque a continuación estableció “que en todos los casos las fuerzas armadas estarán bajo la estricta subordinación y bajo el mando del poder civil”.

Este contexto ideológico se conecta con un segundo elemento, que se refiere al carácter público de las fuerzas armadas. Ya en el caso de la Francia revolucionaria, el artículo XII de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 estableció que: “Siendo necesaria una fuerza pública para dar protección a los derechos del hombre y del ciudadano, se constituirá esta fuerza en beneficio de todos, y no para el provecho particular de las personas a las que ha sido confiada”. Así se consagraba el monopolio de la fuerza en el Estado, precisamente como una garantía para que no sea usada (arbitrariamente) por algunos sectores de la sociedad en contra de otros.

De los documentos anteriores, es posible colegir que el liberalismo no se opone per se al uso de la fuerza estatal, sino que, siendo un último recurso, debe estar orientada a proteger los derechos personales. Los principios de supremacía civil y de radicación estatal buscan garantizar el adecuado uso de la fuerza, justamente en favor de las personas. Por el contrario, se da la coincidencia que la poca valoración (o, incluso, demonización) de los derechos personales —especialmente, el de propiedad— va de la mano de un recrudecimiento de la violencia social y de una actitud pasiva de parte del Estado en el plano de la seguridad pública.

Antes que eliminar el lema del escudo nacional, sería necesario comprender su significado profundo y, sobre todo, el sentido del poder. No como una entidad al servicio del Estado mismo (y de los políticos que se benefician de él), sino de las personas como sujetos de derechos. Si esto se entendiera bien, no se patrocinarían y aprobarían tantas leyes inútiles y, en algunos casos, directamente atentatorias contra espacios de vida personal y privada. Esto sí que es irracional, ya que supone la utilización de la fuerza para la imposición de visiones particulares al conjunto de la sociedad. 

martes, 30 de septiembre de 2014

¿Chile, país de guerra? (*)


Por mucho que queramos ser pacifistas, no está de más recordar que en este mes de septiembre celebramos una guerra. Sí, la guerra de la Independencia. Gracias a los campos de batalla, pudimos un 12 de febrero de 1818 —primer aniversario de Chacabuco—, proclamar la Independencia de Chile. 

Mario Góngora sostuvo una tesis que sigue dando vueltas: que el Estado chileno habría creado a la Nación a partir de la guerra. “Chile, tierra de guerra”, escribió. Con anterioridad, se habían planteado otras teorías, algo estrafalarias. Por ejemplo, Nicolás Palacios sostuvo en 1904 que la “raza chilena” —eminentemente guerrera— se habría configurado a partir de la mezcla entre el godo español y el araucano.

No son pocos los autores que sostienen que las identidades colectivas se construyen a partir de imaginarios, de dimensiones híbridas entre la realidad y la ficción. Un libro reciente que trata este tema —en el marco de la Guerra contra la Confederación Perú-boliviana— es el de Gabriel Cid. “Los conflictos bélicos repercuten más allá el campo de batalla y de los círculos diplomáticos”. En otras palabras, agrega Cid, las guerras no terminan con los tratados. 

¡Totalmente de acuerdo! Bien lo sabemos, especialmente con relación a nuestros vecinos. Ni siquiera los mismos tratados han sido capaces de zanjar nuestras diferencias. Aunque, mirando el vaso medio lleno, después de la Guerra del Pacífico (1879-1884) no hemos participado en ningún otro conflicto bélico.

Una pregunta que siempre les planteo a mis estudiantes se refiere a si es posible una historia común. ¿Podemos —por ejemplo, en torno a la Guerra del Pacífico, que nos sigue marcando a fuego— escribir una historia conjunta, más o menos consensuada, chilenos, peruanos y bolivianos? 

Mi respuesta es que esto no resulta fácil. Pero lo importante es que si se escribe una historia “propia”, que se conozca también “la ajena”. De esta manera, dejará de serlo y tendrá la posibilidad de pasar a formar parte de la nuestra. Al fin y al cabo, la historia en general no es —no debería serlo— sólo un discurso de identidad (del yo o del nosotros), sino también de alteridad (del tú o de los otros). 

Luego, mi respuesta es que, más que una historia común, hay que tratar de construir una historia dialogante: en que se escuchen todas las voces, que no se reduzca a un diálogo de sordos.  

Por lo demás, con la gran cantidad de migrantes peruanos que viven hoy en Chile, no existe excusa para desconocer la historia propia de nuestros vecinos. Y no sólo como Nación, sino también como personas de carne y hueso; que viven en nuestros barrios y caminan por nuestras calles. 

¿Chile, país de guerra? Puede ser que lo haya sido, especialmente en el siglo XIX. Puede ser que lo siga siendo. Pero también hoy es posible hablar de Chile como un país multicultural. 

Sí, porque —volviendo al inicio de esta columna— si se observa detenidamente uno de los cuadros más famosos sobre la proclamación de nuestra Independencia —de Pedro Subercaseaux—, y si, en fin, se centra la vista en su esquina inferior derecha, podrá percibirse que parte de quienes celebraron por primera vez esta fecha, fue nada menos que un batallón de afrodescendientes, muchos de ellos esclavos de la provincia de Cuyo. Fuerza militar que formó parte del Ejército de los Andes y que, después de cruzar la cordillera, conquistó nuestro Valle Central, precisamente a partir de las batallas de Chacabuco (12 de febrero de 1817) y Maipú (5 de abril de 1818).

¿Chile, país de guerra? Sí, pero no sólo eso. También país de migrantes, de pueblos indígenas, de afrodescendientes. País multicolor, en dos palabras. Y no sólo hoy, sino desde siempre. 

(*) Publicada en Chile B (30 de septiembre de 2014)

sábado, 20 de septiembre de 2014

Visión actualizada de ciudadanía (*)


Acabo de leer el interesante libro del abogado Pedro Mujica, titulado La igualdad política: el significado actual de la participación ciudadana (Santiago, Ril Editores, 2010). Basándose en una vasta literatura, Mujica señala que una visión actual de ciudadanía va más allá de la mera esfera constitucional o estrictamente política, por ejemplo, del derecho a elegir y a ser elegido.

Explica que esta nueva concepción supone considerar que “el ciudadano no es un receptor pasivo de derechos que goza de protección de la ley. Es más bien una identidad política de personas que están comprometidas en muchas comunidades diferentes y que tienen distintas concepciones del bien, pero que reclaman una igualdad en términos de equivalencia política, al elegir y perseguir propósitos para sí mismas” (p. 125).

Este concepto lo desglosa en varios elementos, pero destaquemos los siguientes dos. El primero es la coexistencia de derechos individuales y colectivos. Es decir, existe una ciudadanía que reivindica derechos o intereses particulares, pero que tienen (o han de tener) relevancia para el conjunto de la sociedad. Un ejemplo de este elemento es el caso de los grupos ambientalistas que exigen el derecho a un medioambiente libre de contaminación como un bien público y no meramente particular. El caso Barrancones fue una expresión de este ejemplo. Marcharon en Santiago personas que nunca habían estado en Punta de Choros.

El segundo elemento se refiere a que lo público no es sólo lo estatal. El concepto moderno de ciudadanía supone una superación de la tradicional (y, en parte, aún vigente) visión antagónica entre el Estado y la sociedad civil. Implica, en otras palabras, que los ciudadanos —en cuanto miembros de la sociedad civil, y estando más o menos organizados— penetran en las esferas del poder estatal. Esto lo efectúan de dos maneras: a) influyendo en las decisiones de las autoridades (por ejemplo, organizaciones de diversidad sexual que inciden en el Congreso); y b) realizando tareas que, desde una perspectiva estatista (y no ciudadana), deberían estar reservadas al Estado (por ejemplo, la Teletón).

Transversal a estos elementos es el denominado enfoque de derechos, lo que implica que se concibe al ciudadano como un sujeto o titular de derechos subjetivos y no como un mero receptor de políticas públicas.

Dicho lo anterior, preguntémonos si el movimiento estudiantil, especialmente la CONFECH, se adecúa a este concepto. Desde mi perspectiva, no. El movimiento estudiantil no reivindica derechos individuales, asignándoles una relevancia social, sino supuestos “derechos sociales”, lo que implica, más que el fortalecimiento de sus intereses particulares (y legítimos), la ampliación del Estado y la limitación de los espacios de convergencia de la sociedad civil. La CONFECH no busca mejorar la educación —según tal o cual visión—, sino cambiar “estructuralmente” la sociedad en favor de una mayor estatización y disminución de las libertades personales. No actúa como ente ciudadano, sino político-ideológico de corte socialista.

Por otra parte, y desde la otra vereda ideológica, resulta interesante constatar que esta visión actualizada de ciudadanía no es per se incompatible con el liberalismo, ya que muchos de los derechos que invocan diversas comunidades y organizaciones no suponen, al menos no necesariamente (y no en principio), la creación de políticas y de organismos públicos en su favor. Ante todo, suponen libertad para que las personas que las integran puedan desarrollar por sí mismas sus proyectos de vida. Un ejemplo, justamente contrario a los fines del movimiento estudiantil, está constituido por el movimiento de padres y apoderados en favor del derecho a elegir el proyecto educativo para sus hijos (CONFEPA).

Sin embargo, y la derecha chilena olvida este punto, la ciudadanía que vive en el seno de nuestra sociedad no reclama únicamente el derecho a elegir entre distintas alternativas, sino el derecho a construir por sí mismos la manera en qué quieren vivir. No se elige para descartar otra opción, sino para afirmar una comunidad, una identidad social y cultural. En este sentido, la principal derrota cultural de la derecha es que no mira la sociedad de manera compleja, sino casi exclusivamente en términos utilitarios.

(*) Publicada en Chile B (20 de septiembre de 2014)