viernes, 20 de febrero de 2015

Dávalos y el discurso de la igualdad (*)

A diferencia de lo sostenido por diversos analistas, que han señalado que el caso Dávalos contradice el discurso igualitario de la Nueva Mayoría, puede, más bien, afirmarse que lo confirma. La razón es que la coalición de Gobierno, a través del mentado “programa” y de sus reformas consiguientes (algunas ya aprobadas, como la referida a la educación escolar), no se basa en la igualdad de oportunidades básicas y en la meritocracia —un discurso eminentemente liberal—, sino en la igualdad material, independiente del esfuerzo personal de cada uno.

La eliminación de la selección por mérito en los denominados colegios emblemáticos es un ejemplo palpable de lo anterior. Ya que el mérito no importa, porque —se afirma— éste siempre es producto de las desigualdades materiales de origen, lo que hay que hacer es igualar las prestaciones sociales, dejando, sin embargo, fuera de sus efectos a los encargados de proveerlas. Como bien sabemos, la educación particular, a la que asisten los hijos de gran parte de los políticos y técnicos de la Nueva Mayoría, no fue tocada por esta reforma, la que podrá seguir seleccionando, tanto por mérito como en base a otros criterios. 

Dicho de otra forma, el control estatal destinado a sustituir la competencia en diversas esferas de la vida humana (no sólo en materia directamente empresarial), supone la creación de una elite de privilegiados, con beneficios especiales. Si bien este proceso resulta mucho más palpable en los socialismos extremos (comunismos y fascismos), puede también percibirse en colectivismos moderados, como las socialdemocracias o estados de bienestar.   

En efecto, cuando se ataca la competencia, comenzando por un discurso orientado a demonizar el lucro, se establece una desigualdad mucho más radical que la que se pretende combatir: aquella generada por la casta de privilegiados que expresan la voluntad oficial del Estado, destinada a sustituir las libertades personales que se estiman como enemigas del “bien común” o “interés general”. Palabras vacías, pero que inicialmente, y expresadas de manera vaga, suelen resultar atrayentes para importantes sectores de la población.  

En este sentido, claro es este planteamiento de Friedrich Hayek en Camino de servidumbre (1943): “Como sólo el poder coercitivo del Estado decidirá lo que tendrá cada uno, el único poder que merece la pena será la participación en el ejercicio de este poder directivo”. El punto clave de cualquier política de control estatal en los términos indicados, es decidir quiénes serán las personas encargadas de planificar la vida de los demás. “¿Quién planifica a quién? ¿Quién dirige y domina a quién? ¿Quién asigna a los demás su puesto en la vida y quién tendrá lo que es suyo porque otros se lo han adjudicado?”, son algunas de las preguntas formuladas por el economista austriaco.

Si bien es evidente que Sebastián Dávalos no entra en la categoría de planificador en sentido estricto, sí forma parte de las redes políticas, sociales y familiares de la elite que, de acuerdo al discurso de la actual coalición de Gobierno, se considera llamada a satisfacer las necesidades de las personas por la vía de reemplazar sus libertades. Por otra parte, el sistema que se genera —al menos, el ethos que él da cuenta— no implica precisamente una separación entre la política y el dinero, puesto que lo que lo se pretende es controlar el dinero a través del ejercicio del  poder. En una situación como esta, sobre todo si se trata de políticas colectivistas moderadas desde un punto de vista económico, resulta normal que desde el poder se tejan conexiones más o menos directas con determinados grupos empresariales.

Es falso que el discurso de la Nueva Mayoría sea el de la igualdad de oportunidades y de la meritocracia, que el hijo de la Presidenta Bachelet habría contradicho. Más bien, es contrario a la movilidad social por la vía del esfuerzo personal y a favor, en cambio, de la prestación de servicios sociales homogéneos para la mayoría, incluyendo a los sectores medios. Pero dejando fuera, claro está, a los elegidos para experimentar con el resto, pero nunca con ellos mismos. Sebastián Dávalos encaja perfectamente en este relato.  

(*) Publicada en El Dínamo (20 de febrero de 2015)

miércoles, 18 de febrero de 2015

¿Esto no es libertad! (*)


En la sección de comentarios de una columna mía anterior, el lector Pablo Rivas señala que bajo el sistema de libre mercado “las libertades del individuo llegan hasta dónde alcanza su poder adquisitivo”, agregando que “quien menos tiene, menos libre es”.

¿Es esto cierto?

Lo sería si la libertad la entendiésemos como poder o riqueza material. Sin embargo, y el menos desde la perspectiva del liberalismo clásico, la libertad no se define de esta manera. La verdad, no como sinónimo de ninguno de los resultados de nuestras decisiones, sino del simple hecho de poder tomarlas.   

En todo caso, el problema de quienes rechazan la libertad como elección —postulado  propio de los más diversos colectivismos— no es que busquen ampliarla con el objeto que las personas aumenten su riqueza y, de esta manera, sean “más libres”. Por el contrario, lo que se suele perseguir es la restricción de las libertades individuales en beneficio de la igualdad material. Pero no en el sentido de ir más allá de la mera igualdad (formal) ante la ley o de una igualdad de oportunidades básicas, sino de generar la sensación —¡sólo la sensación!— de construir una sociedad de iguales resultados, especialmente en materia de ingresos.

¿Cómo se logra lo anterior? La historia ha demostrado, en diversos casos y  niveles, que el foco se pone en el remplazo de la libertad de elección por la satisfacción de necesidades desde el poder político. ¿A qué se llega con esto? A qué las libertad, incluso entendida como poder o riqueza, se ve mucho más restringida que la que antes se poseía, puesto que en un abanico creciente de situaciones (dependiendo del grado de colectivismo de que se trate) no serán ya las personas quienes elijan qué hacer con sus ingresos, sino la autoridad política de manera centralizada.   

Por otra parte, es importante considerar que, incluso entendiendo la libertad como poder o riqueza, es mucho mejor contar con pocas opciones antes que con ninguna o casi ninguna. De ahí que cuando esta situación adquiere niveles dramáticos, el malestar de la población se hace sentir, aunque, en algunos casos, sin siquiera disponer de la facultad de protestar.

Pero mucho más importante que lo dicho es que si algo tienen en común los más diversos colectivismos, es la consideración de que los individuos no son capaces de fijar escalas de valores para sus vidas y jerarquizar sus necesidades, sino que esto sólo puede hacerlo de manera “coherente” la colectividad o comunidad, generalmente representada en el Estado. El efecto natural de esta visión es que las personas sólo son respetadas en la medida en que se sometan a los fines estimados como colectivos o comunes, perdiendo ellas valor como universos racionales, como seres adultos con la capacidad de decidir por sí mismos.  

La propaganda de guerra de todos los colectivismos —nuestro país ha sido víctima de ella durante los últimos años— le ha hecho creer a muchas personas que la libertad no existe, que no es más que una ficción.

Sin embargo, cuando la libertad se mira como poder o riqueza, no termina siendo otra cosa que la transferencia de poder hacia unos pocos para que, desde una moral oficial y arbitraria, decidan por los muchos. Y esto no es libertad, sino dictadura.

En cambio, cuando se entiende no como los resultados de nuestras acciones, sino como la posibilidad de actuar sin interferencias de terceros, especialmente del poder político, la libertad puede ser mirada como el camino para superar nuestras limitaciones y llegar a ser las personas que queremos ser. La libertad, en este sentido, pasa a ser un derecho a la identidad. Un derecho que nos permite soñar y sorprendernos con la vida que somos capaces de construir. 

jueves, 12 de febrero de 2015

12 de febrero de 1818, ¿la fecha verdadera?

Juan Martínez de Rozas (1759-1813), gran precursor de la Independencia de Chile durante la Patria Vieja. 
Se ha iniciado una campaña en redes sociales que plantea que el 12 de febrero debería celebrarse en Chile la fiesta de la Independencia. O que, al menos, se sume a la ya tradicional del 18. El argumento en favor de esta propuesta es que el 12 de febrero de 1818 se proclamó la Independencia en la ciudad de Santiago. Sin embargo, no estoy de acuerdo con esta campaña por tres razones.
La primera es histórica. Como bien lo ha demostrado Paulina Peralta, en su libro Chile tiene fiesta. El origen del 18 de septiembre (1810-1837), en un comienzo nuestro país celebró tres fechas en torno a la Independencia: el 12 de febrero, el 5 de abril y el 18 se septiembre. Esta trilogía simbólica representaba la Independencia, la consolidación y la regeneración política, respectivamente. Pero, finalmente y a partir de diversos problemas de forma y fondo (por ejemplo, la confusión sobre cuál era la fecha más relevante), hizo que en 1837 se estableciera como fiesta única la del 18 de septiembre, que es la que ha trascendido hasta el día de hoy.
La segunda razón, siendo también histórica, se refiere al hecho que la Independencia no se declaró sólo en Santiago el 12 de febrero de 1818, sino antes en Concepción y Talca. Varios historiadores como Fernando Campos Harriet, Alamiro de Ávila Martel y sobre todo Luis Valencia Avaria, quien ha escrito un artículo monográfico sobre el tema, están de acuerdo en que “O’Higgins, conociendo el resultado del plebiscito en que consultaba al pueblo sobre la materia, firmó un acta provisoria, redactada sobre un tambor, el 1º de enero de 1818, en los Morrillos de Perales, la que fue lanzada sobre las murallas realistas del puerto de Talcahuano en un gesto de desafío al jefe español, el imbatible Ordóñez —que esperaba el refuerzo de Osorio—, y como una notificación definitiva que el país era un Estado soberano y no un territorio insurgente”. Por esta razón, la Plaza de Armas de Concepción se llama Plaza de la Independencia, ya que ahí también se hizo una ceremonia que proclamó la separación de Chile respecto de España. Luego, y como bien se sabe, se produjo una segunda declaración la ciudad de Talca, el 2 de febrero de 1818. Y, finalmente, vendrá la ceremonia del 12 de febrero del mismo año. Es decir, no es cierto que esta última fecha sea LA FECHA de la Independencia. Por lo demás, la Independencia en términos militares se completará el 19 de enero de 1826 con la anexión de Chiloé por parte de las fuerzas comandadas por Ramón Freire. 
Pero la razón más importante es historiográfica, es decir, no sólo referida a los hechos en sí, sino al modo en que los estudiamos. Esto se refiere a que el conocimiento histórico no se reduce a la simple consignación de fechas, sino a la comprensión de grandes tendencias o procesos. En este sentido, y al igual como ocurre en Francia con el 14 de julio, muchos países han entendido que es mejor celebrar el inicio de los procesos más que una fecha meramente formal. Si bien es cierto que en 1810 no se independizó Chile de España, sino que reafirmó su fidelidad a Fernando VII, el monarca cautivo, ya en ese instante, y desde ahí de manera creciente, se estaba anidando el afán libertario, por ejemplo, al querer limitar los poderes de la monarquía absoluta mediante algunos principios esenciales, como el de separación de poderes a través de una Constitución.  
Dada la necesidad de interpretar el proceso como un todo y de no reducirlo a una fecha formal, muy posterior al “puntapié inicial” —además que la fecha de la declaración misma no es una, sino (al menos) tres—, creo que debe mantenerse el 18 de septiembre como LA GRAN FECHA y fiesta de nuestra Independencia. Por lo demás, y como el mismo libro de Peralta lo demuestra, el 18 fue siempre (y sigue siéndolo) una fiesta predilecta para los sectores populares, aunque (innegablemente) a partir de un discurso de las elites. Discurso que, como han demostrado tantos autores, no se recibe como un producto acabado, sino que se adapta a realidades mucho más concretas. Y esto ha pasado a lo largo de varias generaciones. ¿No será un poco soberbio pensar que éstas han sido engañadas y que es posible, hoy, decirles cuál es la “fecha verdadera”? Probablemente lo sea, sobre todo si esta fecha se quiere (re) instituir no como una nueva interpretación del pasado, sino como un hito de futuro aún inexistente. Y mirar el futuro, borrando de un plumazo el pasado, siempre se ha pagado caro. 

lunes, 26 de enero de 2015

Los Pinochet Boys (*)


Los Pinochet Boys —la emblemática banda punk chilena de los 80— decía en una de sus canciones: “En mi tiempo libre estoy parado en la calle. En mi tiempo libre estoy fumando en la calle. En mi tiempo libre estoy drogándome en la calle. No tengo tiempo de sentir amor”. Esta canción, así como el mismo nombre del grupo, constituyó una expresión de protesta contra la dictadura militar existente durante esos años.

El Chile de los 80 todavía era parte de la Guerra Fría, de ese tiempo mundial de confrontación ideológica que hacía prácticamente imposible la existencia de matices, de terceras vías, y que, más bien, se caracterizaba por una visión binaria del mundo y de la sociedad; de amigos y enemigos en el plano de las relaciones políticas. De ahí que pueda entenderse que, así como había opositores acérrimos a Pinochet, los había también partidarios apasionados.

Sin embargo, a 25 años de la caída del Muro de Berlín cuesta entender que hoy sigan existiendo defensores de un régimen que, aunque pueda explicarse en un determinado contexto histórico, mal puede valorarse como parte de una “doctrina”. Es el caso de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido que, además de dar cuenta hoy de relaciones directas con el poder económico, no se ha desprendido aún de su adhesión militante al régimen de Pinochet.

En este sentido, tiene razón Gonzalo Bustamante cuando, al refutar la propuesta de Andrés Allamand en torno a la formación de un partido único en la derecha, señala que las experiencias de España y Francia se han caracterizado por el aislamiento de la derecha extrema o antidemocrática. “La diversidad no ha impedido que se establezca un límite: la extrema derecha queda excluida como posible socio”, afirma Bustamante.

Lo cierto es que la UDI, partido mayoritario en la derecha chilena en términos electorales, no ha dado suficientes muestras de un real compromiso con la democracia, más allá de algunas buenas intenciones. Si bien se dice que las nuevas generaciones (Silva, Macaya, Bellolio, entre otros) tienen una visión distinta a la tradicional, ello no se ha visto reflejado en hechos concretos de carácter institucional.

En su Declaración de Principios el partido de calle Suecia sigue valorando la “acción libertadora del 11 de septiembre de 1973, que salvó al país de la inminente amenaza del totalitarismo irreversible y de la dominación extranjera, culminando así una valiente resistencia civil y recogiendo un clamor popular abrumadoramente mayoritario”.

No obstante que desde diversas ramas de las ciencias sociales —por ejemplo, la sociología militar— puede considerarse que las rupturas institucionales, expresadas en intervenciones castrenses, suelen ser consecuencia de vacíos de poder generados en el mundo civil, desde una perspectiva normativa, mal puede validarse —más aún, bajo la calidad de “principio”— la violencia como mecanismo de solución de conflictos, incluso cuando forman parte de crisis extremas, como la que efectivamente se dio durante el Gobierno de la Unidad Popular (1970-1973).

Pero más cuestionable aún es el apoyo casi irrestricto que la mayoría de la derecha le dio (y en buena medida le sigue dando) a una dictadura que violó sistemáticamente los derechos humanos de miles de compatriotas. En 2015 esto resulta inexplicable.

De ahí que haya causado tanto revuelo mediático, incluso en sectores de la derecha, el homenaje a Pinochet que 10 diputados de la UDI le rindió en diciembre pasado. Si bien es cierto que en este acto no participó la totalidad de la bancada del partido, sí lo hizo la mayoría de los presentes, con la sola excepción de Jaime Bellolio, quien se retiró de la sala expresando su desconformidad. El jefe de bancada, Felipe Ward, justificó el homenaje bajo el principio de “libertad de expresión”, lo que nunca estuvo en cuestión.

La UDI —los “Pinochet Boys” principales de la política chilena— debería usar mucho más que su tiempo libre para iniciar un profundo proceso de renovación doctrinaria, especialmente en materia de compromiso con la democracia y los derechos humanos. Que quede claro que esto no lo dice alguien de izquierda, sino de centroderecha liberal. De alguien que, por ejemplo, ha escrito varias columnas en contra de la izquierda no democrática. Llegó la hora —la arista política del caso PENTA es una oportunidad propicia para ello— que la derecha liberal le pida a la autoritaria que se ponga a tono con los tiempos que corren, aunque este proceso resulte doloroso e implique la jubilación de algunos de sus jefes históricos. 

(*) Publicada en El Dinamo (26 de enero de 2015). 

martes, 20 de enero de 2015

Allamand y la tesis del partido único (*)



El senador Andrés Allamand ha propuesto la formación de un partido único en la derecha y centroderecha, entidad en la que —según él— deberían confluir los partidos y movimientos ya existentes, además de centros de estudios e independientes. Su argumento se resume en el fracaso histórico de las distintas coaliciones del sector desde el retorno a la democracia. “Insistir en la formación de una nueva coalición no resuelve el problema ni da el ancho. Lo hemos intentado una y otra vez cambiándole el nombre y no ha resultado. Ha llegado el momento de dar un paso definitivo a la unidad”, señaló el domingo pasado en La Tercera.

Si bien su propuesta puede estar bienintencionada, tiende a desconocer o (al menos) minimizar dos aspectos necesarios de considerar: uno de carácter histórico y otro, identitario, aunque ambos se encuentran estrechamente ligados entre sí.

Con respecto al primero, cabe recordar la experiencia de Renovación Nacional (RN) como “partido único” un año antes del plebiscito del Sí y del No. El 9 de enero de 1987, el mismo Allamand, líder en ese entonces del Movimiento Unión Nacional (MUN), envió una propuesta de formación de un partido único al Partido Nacional (PN), Unión Demócrata Independiente (UDI) y al Frente Nacional del Trabajo (FNT). El primero, situado más hacia el centro, respondió negativamente, mientras que los otros dos la acogieron, dando curso a la fundación de RN.

El 8 de febrero nacía RN bajo la presidencia de Ricardo Rivadeneira y Andrés Allamand, Jaime Guzmán y Juan de Dios Carmona, a cargo de las vicepresidencias. Sin embargo, y como da cuenta con bastante detalle el historiador Jaime Etchepare, “esta unidad no había de ser duradera. En las elecciones internas del partido, marzo de 1988, se enfrentaron los ex UDI contra los FNT-UN coaligados. Las discrepancias se acentuaron, y el vicepresidente del partido Jaime Guzmán Errázuriz formuló graves críticas a la directiva de Renovación Nacional, encabezada por Sergio Onofre Jarpa” (Surgimiento y evolución de los partidos políticos en Chile 1857-2003, Concepción, Editorial Universidad Católica de la Santísima Concepción, 2006, p. 482). Jarpa —hay que aclarar— había reemplazado a Rivadeneira en la presidencia desde diciembre del año anterior. Después de estos incidentes, la UDI abandonó RN y formó la “UDI por el Sí”, que luego se convertiría en la entidad que hoy conocemos.

Pero —desde mi punto de vista— esta división partidaria en RN no fue sólo el resultado de una “guerra de egos”, como superficialmente podría pensarse, sino producto de diferencias de carácter identitario, más o menos doctrinarias. El hecho que la UDI haya concurrido a la elección interna de RN con una lista aparte es un ejemplo de su carácter esencialmente sectario y mesiánico. La UDI no sólo nació para defender ideas de futuro, sino para mantener viva una obra, la de la dictadura militar. 

En cambio, tanto el MUN como el FNT (Allamand y Jarpa, para graficar el punto en sus líderes principales) desde mediados de los 80 asumieron una actitud parcialmente crítica frente al Gobierno de Pinochet. Allamand —recordemos— fue uno de los líderes que propició el Acuerdo Nacional en 1985. Jarpa, como Ministro del Interior (1983-1985), impulsó el retorno de los exiliados y la implementación de la ley de partidos políticos. Si bien ambos votaron por el Sí, a diferencia de la UDI, no tuvieron una postura enteramente incondicional al régimen que estaba expirando. De hecho, la UDI sigue hoy valorando acríticamente los 17 años de Pinochet, lo que quedó de manifiesto con el homenaje que su bancada de diputados le rindió al ex dictador en diciembre pasado, con la sola excepción de Jaime Bellolio.

Y más allá de este ejemplo concreto, el aspecto identitario se expresa, además, en la existencia de diversas tradiciones históricas en la derecha, siendo las más importantes la liberal, la conservadora y la nacionalista (algunos agregan la socialcristiana, pero ésta siempre ha tendido más hacia la centroizquierda). Al considerar estas tradiciones, sobre todo al incorporar la nacionalista, cuesta pensar en un mínimo común doctrinario en la derecha. Sin embargo, y a favor de la existencia de este mínimo, hay que considerar que la tradición nacionalista hoy no es relevante. De esta manera, el único mínimo doctrinario palpable en la UDI, RN y, por ejemplo, Evópoli es la defensa del sistema económico de libre mercado.

El problema es que, si bien el clivaje económico es muy importante, no es el único que divide a los diferentes partidos, debiendo agregarse las reformas políticas, incluyendo la posibilidad de una nueva Constitución, y los llamados “temas valóricos”. En este sentido, resulta utópico pensar en una declaración de principios unitaria, incluso en aspectos esenciales. La UDI, por otra parte, no ha dado ninguna señal de querer cortar su vínculo histórico con la dictadura militar.

En otras palabras, ¿de qué serviría la formación de partido único en la derecha o centroderecha sin la existencia de mínimos comunes en términos doctrinarios? ¿Qué ha cambiado para afirmar que la UDI ha dejado de defender una dictadura que violó sistemáticamente los derechos humanos? ¿Existe alguna señal que indique que este partido ha dejado atrás su ethos mesiánico y sectario, que la ha llevado siempre a mirar con altanería a los demás partidos y movimiento del sector? ¿Puede, en suma, pensarse en un partido único en la derecha sin poner por delante la presencia real de un mínimo común denominador en materia de proyecto y estilo?

Allamand, autor de la propuesta que da origen esta columna, tiene el peso de la prueba, debería responder a estas preguntas. En política, como muchas veces en la historia ha quedado demostrado, querer no necesariamente es poder. Allamand lo sabe mejor que nadie después de su dramática Travesía del desierto en la década de los 90. Aunque, la verdad, del Allamand de “la centroderecha del futuro” queda poco y nada hoy.

(*) Publicada en El Mostrador (20 de enero de 2015).