martes, 21 de abril de 2015

Contradicción en la derecha, ¿un problema imaginario? (*)


En el Nº 257 de esta revista, Francisco Javier Urbina plantea que no existe contradicción “en sectores de la derecha que, por un lado, son reacios a la intervención estatal en materias como economía o educación, y, por otro, apoyan restricciones estatales en temas como eutanasia o aborto”. Agrega que “la izquierda incurriría en la misma contradicción exactamente en el sentido inverso, sin acomplejarse”. Y que la acusación de contradicción es “insostenible intelectualmente”, porque incluso “ningún liberal de derecha cree que el Estado no debe imponer nunca límites a la acción de los particulares”. En síntesis, califica esta contradicción como un “problema imaginario”, ajeno a los “problemas reales” a los que la derecha debería dedicarse.

En primer lugar, habría que decir que Urbina pone ejemplos extremos, referidos a la vida humana. Es evidente que los liberales creen que la acción del Estado debe proteger la vida de las personas. Sin embargo, los casos del aborto y la eutanasia son debatidos por este sector en cuanto a si existen o no daños contra terceros.

En segundo término, si bien es cierto que la izquierda es proclive a los llamados “temas valóricos”, no lo es desde el principio de libertad, sino del de igualdad, y no sólo ante la ley y de oportunidades, sino de resultados. Por eso es que, a diferencia de visiones liberales, propone la creación de estructuras burocráticas más que la ausencia de coacción frente al ejercicio de la libertad.  

Pero más allá de lo anterior, la gran pregunta con respecto a la derecha es si es coherente defender un Estado limitado en materia económica y, al mismo tiempo, interventor en espacios de desarrollo personal o privado, como la identidad sexual, la vida familiar o el consumo de drogas.    

El problema no es tanto que, en la práctica, se defienda la libertad para ciertos asuntos y no para otros, sino si puede este principio ser levantado como la gran bandera de lucha frente a una izquierda que, a su vez, hace lo propio con la igualdad de resultados. Y, por otra parte, si puede pensarse realmente en un sistema de economía libre, restringiendo las decisiones en asuntos personales.
           
En cuanto a lo primero, resulta patente que un sector de la derecha —el conservador— defiende la libertad para hacer frente a la avanzada igualitarista de la izquierda, pero con una visión excesivamente restringida de la misma. Esto es posible constatarlo, por ejemplo, en el libro de Jovino Novoa, Con la fuerza de la libertad, que ya en el preámbulo señala que temas como las uniones homosexuales no deberían “ser considerados prioritarios para un gobierno que se supone representa nuestras ideas”. Esta visión restrictiva de la libertad se acerca a la de la Guerra Fría (1947-1991), período en el que una derecha conservadora se atrincheró, parafraseando a Samuel P. Huntington, en un “choque de civilizaciones” frente a la izquierda marxista, comandada por la ex Unión Soviética. 
   
Con respecto a lo segundo, resulta difícil pensar en un sistema de economía libre que no dé pie a la existencia de mayores libertades personales. Por lo mismo, no es casualidad que los distintos movimientos de derechos civiles (mujeres, afrodescendientes, diversidad sexual, etc.) hayan surgido en los Estados Unidos, el país capitalista por excelencia. Evidentemente, la existencia de un sistema de mercado libre no implica per se la falta de leyes coercitivas. Sin embargo, y tal como ocurrió con la ley seca de la década de los veinte del siglo pasado, las prohibiciones generan mundos paralelos que, tarde o temprano, terminan rebelándose frente al sistema legal.

En términos intelectuales, resulta (a lo menos) curioso que la derecha conservadora se inspire en autores como Hayek, Friedman o Rothbard, que —con distintos grados y matices— se han opuesto a la coacción estatal no sólo en materia económica, sino también en asuntos privados, como los de índole sexual o familiar.

El punto de fondo, entonces, no es si la libertad es el único principio a defender (además del orden o la paz, por citar otros mencionados por Urbina), sino si resulta posible erigirla como la gran bandera de lucha y, al mismo tiempo, reducirla al plano estrictamente económico. Pero más importante que esto, una gran pregunta es si es legítimo que se valide el uso de la fuerza estatal para prohibir asuntos que, sin provocar daños a terceros, deberían ser resueltos únicamente por sus propios implicados, dejando fuera a las autoridades políticas o administrativas. 

Responder a lo anterior de manera clara, lejos está de ser un problema imaginario para la derecha chilena, sobre todo considerando el difícil momento por el que hoy atraviesa. 

lunes, 13 de abril de 2015

La crisis de la derecha según Hugo Herrera I (*)

Doy inicio a una serie de columnas que apuntan a comentar el reciente libro del profesor Hugo Herrera, La derecha en la crisis del Bicentenario (Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 2014), que ya en el prefacio señala: “La derecha chilena se encuentra en una crisis grave, una crisis intelectual. Ella carece de un discurso que dé orientación al momento presente. Se ha quedado atrapada en el relato que formuló para la Guerra Fría” (p. 11). Lo hago con el objeto de recoger el guante, puesto que el primer mérito de su libro es invitar a la derecha misma (de la que soy parte) a reflexionar sobre la crisis en la que se encuentra sumida.

En esta oportunidad me referiré al “Capítulo I ¿Qué es un cambio de ciclo?”, en el que básicamente intenta demostrar que la sociedad chilena vive actualmente un conjunto de siete alteraciones fundamentales que dan cuenta de un desequilibrio entre pueblo e institucionalidad (p. 30).

Aunque comparto la idea clave de la crisis intelectual de la derecha, y en concreto de la existencia de un cambio de época, creo que las alteraciones descritas por Herrera ameritan ser matizadas. Al hablar de los “debilitamientos de los ejes del pasado reciente” como la posibilidad de “debatir directamente sobre el tipo de política, de economía y de sociedad que se desea conformar, sin tener que preguntarse antes acaso si responde a los criterios de Allende-Pinochet” (p. 33), me surge la inquietud sobre qué tan cierto sea que la superación de esta división haya generado un escenario propicio para la existencia de un mayor y mejor debate sobre el sistema que nos rige. Y, más aún, hasta qué punto pueda sostenerse la premisa de que el momento actual ha superado la vieja división Allende-Pinochet.  

Si bien, en general, pueda sostenerse que la figura de Pinochet está en retirada, no obstante que la derecha conservadora (la UDI) no la haya nunca hasta ahora enterrado, no puede decirse lo mismo de la de Allende. Y aunque sea cierto que nadie lo reivindica con el mismo contenido de comienzos de los setenta —como una suerte de restauración de la vía chilena al socialismo—, sí se le ha utilizado como símbolo del cuestionamiento al modelo político y económico hoy vigente. Por lo mismo, no es casualidad que la Nueva Mayoría haya integrado a sus filas al Partido Comunista y al Movimiento Amplio Social (MAS).  

Pero más allá de lo anterior, no resulta tan claro que el cambio de ciclo que vivimos dé cuenta de una política más pragmática, en el sentido de más abierta al debate sobre el sistema que se quiere construir. De ahí que no sea exagerado plantear que, pese a no estarse viviendo bajo una suerte de nueva Guerra Fría, el tiempo presente se parezca a la década de los 60 del siglo pasado. Del comienzo de lo que Mario Góngora denominó “época de las planificaciones globales”, y que diversos autores han entendido como el origen de la crisis que llevaría al quiebre de la democracia chilena. Por ejemplo, es la tesis de Arturo Valenzuela, que sostiene que este quiebre se explica por el paso de una política pragmática y dialogante a una ideológica e intransigente.

Otra alteración descrita por Herrera se refiere a que el modelo económico instaurado en dictadura ha propiciado, según él, una excesiva concentración del poder de los empresarios, que los ha llevado a abusar en contra de los consumidores. Y plantea una suerte de alegato contra el hecho que este mismo modelo haya generado una serie de cadenas comerciales, “a tal punto que casi todo ¡hasta el pan¡ lo compramos en ellas” (p. 37). Luego agrega que esto ha llevado a una disminución notoria de la “vida vecinal”, que ha dejado atrás “la experiencia del almacén de barrio, usualmente atendido por sus dueños o sus dependientes estables” (p. 38).

Cabe preguntarse sobre la situación anterior al modelo (¿era mejor que la actual?), además  de recordar que, aunque fue creado durante la dictadura, la ex Concertación lo mantuvo con algunas correcciones. Y no obstante que sea necesario rechazar la ocurrencia de tales abusos, no parece tratarse de un fenómeno generalizado y que derive, como efecto directo —incluso en la versión que Herrera califica como oligopólica—, del sistema de mercado libre hoy existente. De hecho, los casos más sonados (que él mismo menciona, como los de las avícolas, farmacias, etc.) dan cuenta de la existencia de un orden jurídico que ya regula y sanciona la comisión de abusos. Sin embargo, lo que Herrera plantea es que el sistema económico en sí mismo es oligopólico y abusivo. Me parece que se trata de un planteamiento simplista y temerario.

Una tercera alteración que deseo comentar afirma que “la elite habría devenido en oligarquía” (p. 40). Sin embargo, no parece ser este fenómeno exclusivo del momento actual, sino más bien una característica consustancial, aunque en diversos niveles, de la política chilena a lo largo de toda su historia. El presidencialismo instaurado en la Constitución de 1925, si bien implicó una mejor separación de los poderes —y ya no una marcada subordinación del Ejecutivo al Congreso— mantuvo, sin embargo, a los partidos como entes fundamentales. Desde la segunda administración de Arturo Alessandri (1932-1938), los ministros pasaron a depender de las sedes partidarias. Y aunque sea cierto que últimamente, en los años de la transición, el fenómeno de la oligarquía se haya visto simbolizado en el sistema binominal, parece poco riguroso omitir que también se daba bajo el proporcional. En este sentido, el profesor Jaime Etchepare ha demostrado que el antiguo sistema electoral “fortalecía extraordinariamente la influencia de las directivas partidistas, puesto que ellas establecían a su amaño el orden de procedencia de las listas”, agregando que al conformarse “pactos, para afrontar los comicios, la constitución de las listas era objeto de verdaderas negociaciones comerciales, donde se transaban lugares a cambio de apoyos en otras circunscripciones electorales” (Surgimiento y evolución de los partidos políticos en Chile, Concepción, Editorial Universidad Católica de la Santísima Concepción, 2006, p. 71).

A través de una cuarta alteración a considerar, nuestro autor se refiere al consumo de drogas peligrosas, a la fragmentación familiar y a la pérdida de vínculos sociales, antes ya descritos en torno a la existencia de un sistema, para él, esencialmente oligopólico. Poniendo el ejemplo de Daniel Zamudio, y adhiriendo acríticamente a la sesgada y sensacionalista tesis del periodista Rodrigo Fluxá, minimiza la discriminación y violencia en contra de las personas de la diversidad sexual, reduciéndolas a lo que llama “empobrecimiento espiritual” (pp. 43 y 44). Y no obstante que en el marco del tratamiento de esta alteración no lo dice explícitamente, del conjunto del libro es posible inferir que también aboga por una mayor intervención estatal en materia personal o de vida privada.

Sí estoy de acuerdo con el diagnóstico que realiza del movimiento estudiantil, por ejemplo, al negarle la categoría de revolucionario: “Reclaman lo suyo con gestos y actitudes estéticos, pero se niegan a hacer cambios radicales y a correr los riesgos que ellos traen aparejados (p. 47). Sin embargo, se echa de menos (también en los capítulos siguientes) una mayor conexión entre este movimiento y el discurso de la Nueva Mayoría, más intransigente que el de la ex Concertación, y sustentado en un conjunto reformas orientadas, en palabras de sus propios dirigentes, “a cambiar los cimientos” del sistema que —para bien o para mal, según los casos y opciones ideológicas— ha sido parte esencial del Chile post dictadura. 

En suma, si bien comparto la tesis central de que existe un cambio de ciclo en el Chile de hoy —el retorno de la derecha al poder en 2010 y el advenimiento de la Nueva Mayoría bajo el contexto de las movilizaciones estudiantiles de 2011, son señales claras de ello—, creo que las alteraciones descritas por Herrera admiten ser matizadas de manera sustantiva.


(*) Publicada en El Dínamo (14 de abril de 2015).          

sábado, 11 de abril de 2015

Reemplazo parlamentario. Una reforma a no olvidar (*)


La crisis política que actualmente enfrenta Chile —para algunos, de legitimidad institucional, incluyendo al Congreso y a los partidos— no debe hacernos olvidar la necesidad de reformar el sistema de reemplazo parlamentario. Aunque se trata de una reforma constitucional —por lo que puede ser parte del debate en torno a una nueva Carta Magna—, pienso que el Consejo asesor, dirigido por Eduardo Engel, debería tener en cuenta este tema.

Al comenzar este Gobierno, no le resultó fácil a la Democracia Cristiana (DC) reemplazar a su ex senadora y designada ministra, Ximena Rincón. Pero, más allá de este caso concreto, lo cierto es que en las diversas ocasiones en que los presidentes de la República han acudido a parlamentarios para la conformación de sus gabinetes —cuestión que se ha tornado frecuente en los últimos años— se ha criticado mucho más este hecho que el mecanismo de reemplazo de los nombrados.

El acudir a parlamentarios para llenar cargos ministeriales se ha tornado una costumbre de carácter transversal. Antes del nombramiento, en 2011, como ministros a Andrés Allamand (RN), Evelyn Matthei (UDI) y Pablo Longueira (UDI), por parte de Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, la Presidenta Michelle Bachelet hizo lo propio, en 2008, con el nombramiento de Carolina Tohá (PPD), como Ministra Secretaria General de Gobierno.

Asimismo, la designación a dedo de parlamentarios reemplazantes también se ha convertido en una costumbre. El primer caso fue la designación en 2007 del dirigente socialista Marcelo Schilling en sustitución del fallecido diputado Juan Bustos. Lo mismo ocurrió al año siguiente cuando en el PPD Felipe Harboe sucedió a Carolina Tohá, nombrada, como ya vimos, ministra por Bachelet. Luego, desde el lado de la Alianza, este sistema fue inaugurado, también en 2008, por Lily Pérez (en ese entonces, RN), al sustituir al fallecido diputado Pedro Pablo Álvarez-Salamanca. Asimismo, en 2011 Allamand, Matthei y Longueira fueron reemplazados por Carlos Larraín, Gonzalo Uriarte y Ena von Baer, respectivamente. Hay que reconocer que esta praxis la rompió la DC, con la “elección complementaria” interna que realizó a comienzos de 2014, y de la cual resultó electo el actual senador Manuel Antonio Matta. Pero el problema es que este mecanismo fue voluntario y no constituye un estándar legal para los casos que posteriormente acontezcan.

El punto de fondo en que, frente a las situaciones anteriores, arrecian las críticas por la forma de llenar los cargos ministeriales, pero no por el mecanismo de reemplazo parlamentario. En este sentido, se hace necesario recordar que este mecanismo formó parte de las reformas constitucionales de 2005 —de la denominada Constitución de Lagos—, que en ese entonces fueron apoyadas de manera transversal por la mayoría del Parlamento de ese tiempo.

En efecto, en el Primer Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado (primer trámite constitucional de la reforma de 2005), los proyectos tanto de la Concertación como de la Alianza propusieron que “las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán por el ciudadano que haya señalado el partido político al declarar la candidatura del parlamentario que produjo la vacante”. 

Luego este mismo Informe añade que los autores de la primera de las referidas mociones, los senadores Antonio Horvath, Hernán Larraín y Roberto Muñoz Barra “[…] expresaron que el actual sistema de provisión de vacantes en los cargos parlamentarios permite que ellos sean ocupados por personas que no necesariamente comparten una misma línea ideológica con quien lo desempeñó. Agregaron que el método de elecciones complementarias, que presentaría algunas ventajas como alternativa, es, en definitiva, poco práctico teniendo en cuenta que incrementa el considerable número de elecciones que se realiza en condiciones normales”.

Como se observa, más allá del carácter más o menos democrático (en su origen) del mecanismo de reemplazo parlamentario, lo importante para los autores de esta moción constituyente fue que los sucesores compartan una “misma línea ideológica”, lo cual, en buen chileno, significa que los partidos deben siempre conservar la parcela de poder adquirida electoralmente y perdida por alguna circunstancia sobreviniente.

Podría pensarse que la argumentación anterior fue sólo una idea exótica de los referidos senadores. Sin embargo, ella se mantuvo de manera casi unánime en la discusión en la Cámara de Diputados, en la que se habló de aumentar las instancias de participación ciudadana.

Suena (a lo menos) contradictorio preocuparse de la participación ciudadana y del sistema electoral si, al mismo tiempo, se apoya la designación partidaria de algunos parlamentarios. Más contradictorio, claro está, es que en la misma reforma de 2005 se suprimió la institución de los senadores designados o institucionales. Esta paradoja sigue hoy vigente en nuestro sistema político.
Sin embargo, y aunque el actual mecanismo de reemplazo parlamentario debe reformarse, prefiero lejos un Congreso de partidos antes que asambleas supuestamente ciudadanas. Creo en una sociedad civil fuerte para luchar por sus propias causas, y para incidir a favor de ellas ante las autoridades. Incluso para fiscalizar, mediante mecanismos abiertos y transparentes, a los representantes en funciones. Pero no para ocupar, directa y corporativamente, los espacios de poder, naturalmente reservados a quienes se postulan a través de los partidos.